Mediante Decreto Ejecutivo No. 1019, Guayas se convirtió en “zona especial de seguridad”, debido a que es la circunscripción territorial más afectada por el coronavirus en Ecuador. Esta decisión implica que, las Fuerzas Armadas -en adelante FF.AA.- tomarán el control y manejo de la provincia.

Ahora bien, las FF.AA. se encuentran en plena facultad de supervisar el acatamiento del Estado de Excepción y toque de queda por parte de los ciudadanos. Esto implica que, en un Estado constitucional de Derecho, en caso de que algún ciudadano incumpliere el toque de queda decretado en legal y debida forma, sea arrestado y puesto a órdenes de la autoridad competente, es decir, ante un Juez de Garantías Penales con competencia en delitos flagrantes, para que resuelva lo que en derecho corresponda.

Sin embargo, en los últimos días he visto circular por redes sociales, un sinnúmero de videos, donde se puede constatar procedimientos indebidos por parte de militares, penalizando con mano propia a ciudadanos infractores, ejerciendo una ilegítima aplicación de castigos corporales. Estas actuaciones ponen en riesgo, no solo al Estado de Derecho, sino también la integridad del militar que tiene contacto directo con el agente infractor, sin saber si se encuentra o no contagiado con COVID-19. Por si fuera poco, después lo dejan libre para que siga infringiendo el toque de queda.

No estoy a favor de los irresponsables que violan el toque de queda y ponen en peligro a los demás, de hecho considero que deben ser procesados por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, según el art. 282 del Código Orgánico Integral Penal, pero en un estado civilizado, tampoco podemos aplaudir y justificar “medidas disuasivas” alejadas del ordenamiento jurídico. Todos debemos acatar y cumplir las disposiciones legales; solo así, podremos avanzar como sociedad y también contrarrestar la propagación del COVID-19 a escala nacional.

Ab. José Luis Hidalgo