El Ministro de Defensa ha expedido el Acuerdo Ministerial No. 179 para regular el uso progresivo de la fuerza, desde el nivel uno, hasta el nivel cinco, que permite el uso de armas de fuego letales. Se faculta que, según las circunstancias, podría saltarse del nivel uno al nivel cinco, letal, lo cual sí puede dar lugar a represión mortal. Lo preocupante es que esta clase de normatividad se expida en medio de una pandemia sanitaria y ‘ad portas’ de una crisis económica y social sin precedentes en nuestra historia, cuando debe pensarse en cambios estructurales que liberen al Estado de una institucionalidad corrupta y de una impunidad endémica, lo cual no se conseguirá con represión mortal. El tema es grave, significa que estamos retrocediendo a épocas en que la seguridad significaba represión salvaje. La mejor seguridad para un país es el desarrollo; mientras más desarrollado, más seguro. En nuestro caso, en lugar de represión social debe pensarse en moralización indiscriminada, caiga quien caiga, y en reivindicación social.

Fuerzas Armadas deben constituirse en un elemento más del desarrollo nacional. Aquello de “obedientes y no deliberantes” limita su accionar desarrollista, cuando deben ser “altamente profesionales y esencialmente apolíticas”, para enfrentar los factores que frenan el desarrollo, como la corrupción, que ha puesto en peligro las bases mismas de nuestra nacionalidad. La corrupción sí debe ser objeto de implacable represión, para lo cual deberían expedirse las normas pertinentes en lo preventivo y represivo. Para frenarla existen muchos mecanismos internos y externos, legales y administrativos, que solo podrán ser activados cuando los honestos, que son mayoría en el país, lleguen al poder y logren desmontar, ahí sí con la acción coadyuvante de Fuerzas Armadas, la estructura de corrupción e impunidad que heredamos de Montecristi.

Mauro Terán Cevallos