Cartas de lectores | Corte Constitucional o corte celestial
La Corte Constitucional debe ser controlada por su sesgo político y garantizar derechos sin afectar la sociedad
La responsabilidad y obligación de todo funcionario o servidor público, sea o no designado por elección popular, desde el presidente de la República, deben ser controladas por un organismo o función independiente, a fin de fiscalizar, cualquier distorsión o abuso que afecte al Estado de derecho, a sus instituciones o que atenten contra la armonía y paz social de la población, que es la parte más vulnerable y desprotegida en sus derechos. La Corte Constitucional vigente, según la norma jurídica suprema, tiene la función y el deber principal de garantizar la supremacía de la Constitución, la vigencia de los derechos fundamentales, actuar como máximo intérprete de las normas constitucionales a través de sus sentencias y dictámenes, conocer y resolver acciones de inconstitucionalidad por incumplimiento y acciones extraordinarias de protección. Si bien la actual Corte está integrada por juristas designados por sus méritos e idoneidad, estos han demostrado en algunos de sus fallos o sentencias expedidas, un determinado sesgo político o ideológico que ha afectado políticas públicas, como la suspensión a las recientes leyes expedidas por el Poder Legislativo y el Ejecutivo, que facilitan combatir la inseguridad, la narcodelincuencia y al crimen organizado; resoluciones dictadas con criterio garantista y tecnicismos legalistas, sacrifican la justicia por meras formalidades que protegen al delincuente, que es el victimario, y no a la víctima, que es la sociedad; así como el identificarse con una perniciosa agenda o corriente ideológica progresista o ‘woke’, que favorece a ciertas minorías privilegiadas, como cuando se aprobó inconstitucionalmente el matrimonio igualitario, o al permitir el irreal cambio de sexo desde la adolescencia.
En lo político esta Corte permitió, violando la Constitución, el enjuiciamiento en la Asamblea a un expresidente que luego fue destituido, por una falsa acusación de un supuesto delito de peculado, que nunca cometió y que luego la justicia ordinaria desestimó, lo que desestabilizó y afectó la convivencia social. Se hace necesario que los integrantes de este alto tribunal respondan por sus actuaciones cuando estas irrogan un perjuicio social, y sean sometidos al control del Legislativo que representa al pueblo, que en ejercicio de su soberanía es el mandante y primer fiscalizador del poder público.
Manuel Yépez Andrade