Cartas de lectores: ¿Qué nos trae el proyecto de ley contra la economía criminal?
Esperemos el concurso de todos los actores políticos de la Asamblea
El crimen organizado en Ecuador se ha consolidado como una de las amenazas más graves para la seguridad y estabilidad del país, con características transnacionales. Tras la pandemia de covid se observó un recrudecimiento de las actividades ilícitas, reflejado en 6.964 muertes violentas en 2024, lo que representa una disminución del 15% respecto a 2023, pero sigue siendo una de las más altas a nivel mundial, con algunas ciudades entre las 10 más peligrosas.
Los secuestros crecieron más de tres veces entre 2018 y 2024, pasando de 1.129 a 3.566. Además, las extorsiones aumentaron 370 % entre 2022 y 2024, alcanzando los 22 mil casos (con un subregistro de entre el 15 % y 20 % de los casos denunciados). A esto se suma el negocio del narcotráfico, que involucra el tránsito y la producción de cocaína. En 2024 las autoridades incautaron cerca de 300 toneladas de drogas, lo que representa apenas del 10 % al 15 % de lo que se trafica, lo que estimaría que cerca de dos mil toneladas circulan por el país.
Con un valor aproximado de USD 25 millones por tonelada en el mercado internacional, esta actividad ilícita generaría entre 40 a 45 mil millones de dólares anuales. Un negocio muy lucrativo que está cooptando las instituciones estatales y la justicia, afectando sobre todo a la juventud del país. Estas cifras reflejan una crisis de seguridad que afecta a todos los sectores de la sociedad ecuatoriana y que requiere una respuesta integral y sostenida.
Todo esto llevó al presidente Daniel Noboa a declarar conflicto armado interno en 2024 para contrarrestar las bandas delictivas llamadas GDO (Grupo de Delincuencia Organizada) en varias zonas, especialmente en la Costa. Ahora el Ejecutivo remite a la Asamblea un proyecto de ley para desarticular la economía criminal a través de reformas que buscan dar más protección a policías y militares, reconocer al Bloque de Seguridad, calificar a los delincuentes como combatientes, establecer mecanismos de apoyo a los grupos afectados, y brindar incentivos a quienes donen parte de su impuesto a la renta a la Policía y Fuerzas Armadas.
También establece un régimen penal específico y un juzgamiento diferenciado para procesos judiciales más ágiles. Son varias medidas que buscan fortalecer el marco jurídico para facilitar el accionar del Estado, que desde un inicio ha sido desigual. Esperemos el concurso de todos los actores políticos de la Asamblea. Veremos quiénes defienden a los delincuentes y quiénes a los ciudadanos de bien.
Jorge Calderón Salazar
