Cartas de lectores | Responsable institucional de cumplimiento

Ahora mismo un vicepresidente de la República que está en la cárcel es procesado por presunto desvió y mal uso de los fondos públicos (peculado) destinados a la reconstrucción del terremoto del 16 de abril de 2016 en Manabí, once proyectos no prioritarios con beneficiarios dirigidos y más de 200 millones de dólares malgastados ante el dolor y la angustia de los damnificados. Por otro lado, el Gobierno actual mediante régimen especial compra generadores de electricidad de dudosa calidad a la empresa norteamericana Progen, que incumple muchas veces el contrato, por lo que el comprador decide declarar la terminación unilateral anticipada, poniendo a los ecuatorianos al borde de los apagones. La pregunta es, ¿pudo alguien impedir a tiempo que se produzcan estas anomalías?. La respuesta es, sí, el Sercop, ente de regulación y control de las compras públicas que puede y debe. ¿Por qué no lo hizo? Sencillamente porque es empleado del gobierno de turno. Esta es la gran falencia del Sercop; de nada servirá modificar procedimientos, el resultado siempre será igual. La característica básica de un ente de control es la autonomía. Sin embargo, la Secretaría General de Integridad Pública anuncia la implementación de una novedosa forma de controlar la corrupción en las instituciones públicas, esto es, poniendo un Responsable Institucional de Cumplimiento -RIC-, cuya función será “velar por el cumplimiento de la normativa, la mitigación de la corrupción y la promoción de buenas prácticas de ética”, que será nombrado por la máxima autoridad de la entidad y a quien deberá reportarse. ¿Será una fiscalización o una auditoría? No se sabe, posiblemente el reglamento lo diga. Pero sí se sabe que ahora tenemos un alcahuete de la corrupción y mañana tendremos muchos, porque el RIC tampoco es independiente. Tal vez sería mejor volver a tener un representante de la CGE, que haga auditoría interna en las instituciones públicas.

Marco A. Zurita Ríos