La corrupción en la administración de justicia no puede limitarse a una provincia porque están involucradas las máximas autoridades que con sus acciones dolosas contaminan todo su entorno. También es absurdo pensar que la corrupción se enquistó solo en la Función Judicial. 

Son mafias, pues tienen múltiples actores que participan coordinadamente en todos los poderes del Estado y en el sector privado. Cada uno tiene su rol y responde a jefes de jerarquía inferior que protegen la identidad de quienes toman las decisiones importantes. 

Esta realidad ha existido siempre, pero en los últimos años ha tomado tanta fuerza que ha contaminado casi todas las instituciones públicas y privadas. Aceptemos que la culpa es de la mayoría de ecuatorianos que eligieron para asambleístas, presidentes de la República, alcaldes, prefectos y otros funcionarios a verdaderos delincuentes y/o incapaces. 

El CPCCS que continúa en funciones por decisión de la mayoría es uno de los brazos ejecutores de la corrupción mediante la designación de autoridades sin ética ni probidad en las principales instituciones de control y administración de justicia. 

Estas se rodean de servidores con intachable trayectoria en la corrupción para, desde cargos importantes, formar parte de la poderosa delincuencia organizada que está acabando con el país. Es hora de terminar con el CPCCS, el Consejo de la Judicatura, revisar el rol del CNE y la actual Constitución. No podemos culpar a otros, somos los principales culpables con el ejercicio poco razonado del derecho al voto.

Mario Andrade Trujillo