El desate de la delincuencia común y el crimen organizado que tienen sitiada a la población y afectan las actividades económicas, se debe, en gran medida, a las leyes prodelito y al narcotráfico que amparan a delincuentes y criminales que tienen seguridad jurídica. El malhechor sabe que sus delitos quedarán en la impunidad protegido por leyes y jueces corruptos; la ley del uso progresivo de la fuerza en la que el policía comienza a pensar cómo aplicarla y el delincuente dispara a la víctima o al mismo policía, causándole heridas o la muerte. 

El policía no puede hacer uso legítimo de la fuerza porque es sometido a la justicia, mientras el delincuente fuga y si es apresado le aplican ‘medidas alternativas’ y sale libre a continuar en sus fechorías. Un agresor puede ser liberado en 24 horas al no haber denuncia; si es detenido por asesinato o violación sale libre en un año si no es sentenciado (la mayoría de casos de asesinato no son sentenciados). 

Ecuador se ha convertido en un lugar propicio para delinquir por sus leyes prodelito y jueces corruptos; lo saben delincuentes nacionales y extranjeros. Mientras no haya una reforma legal que defienda a la gente y no al delincuente, al que hay que taparle la carita y no dar su nombre para que no le identifiquen, y mientras sigan jueces ambiciosos y timoratos, los esfuerzos por controlar este azote serán insuficientes.

Mario Carrillo Salgado