Cartas de lectores | Ecuador, potencia minera
La minería legal puede impulsar el desarrollo del país y atraer inversión extranjera con beneficios locales y sostenibles.
Mucho se habla del potencial minero del país y es vital desarrollarlo con proyectos de alta envergadura que atraigan inversión extranjera directa (IED). Para ello, debe fomentarse la coordinación entre empresas privadas dispuestas a invertir, acciones gubernamentales y comunidades beneficiadas, haciéndolas partícipes en todas las fases de exploración y explotación. Esta articulación permitirá aprovechar el potencial minero, posicionando al país en un lugar de interés en el mercado internacional y pudiendo iniciar una etapa productiva pospetrolera, ya que las reservas minerales garantizan al menos 30 años de producción, superando a las reservas petroleras.
Entre 2016 y 2020, la participación de la IED minera representó entre el 45 % y 55 % de la IED total recibida, disminuyendo luego porque las minas entraron en operación. Sin embargo, las exportaciones mineras aumentaron, pasando del 7 % al 18 % de las exportaciones no petroleras entre 2020 y 2024.
Un caso emblemático es la mina Fruta del Norte, en Yantzaza, Zamora Chinchipe, con 5,4 millones de onzas de oro y una vida útil proyectada de 14 años. Esta mina generaba $7 millones en ingresos tributarios en 2015, aumentando a cerca de $65 millones en 2021 y $80 millones en 2024, con un crecimiento anual promedio superior al 50 %, mientras que el promedio nacional era alrededor del 5 %.
La minería podría representar en los próximos cinco años entre el 20 % y 25 % del PIB de las provincias donde se encuentran los proyectos. El empleo generado crecería entre 4 a 5 veces más que en el resto del país, y las remuneraciones podrían estar entre 2 a 3 veces por encima del promedio nacional, gracias a los encadenamientos productivos que impactarán entre 20 y 30 actividades adicionales en las comunidades.
Sin embargo, la minería enfrenta desafíos importantes, como la oposición de algunas comunidades que la ven como contaminante, cuando realmente los señalamientos deben dirigirse a la minería ilegal. Esta última está ligada a la inseguridad ciudadana y a diversos delitos, transformando esas zonas en ‘localidades fallidas’, donde no se respetan leyes ni autoridades.
No debemos perder esta valiosa oportunidad. Es fundamental brindar seguridad y garantías para el desarrollo legal de la minería, cuyo impacto ya se nota en las zonas donde opera. Así, el país podrá prosperar y acercarse a un futuro de bienestar.
Jorge Calderón Salazar