Es muy común en nuestro país que el gobernante de turno ordene efectuar consultas populares y referéndum. Desde 1978 hasta la última de Lasso se han efectuado 14. Como el dinero utilizado no es del proponente de turno, se pregunta cualquier cosa. En esta nueva consulta, que costará alrededor de $ 60 millones, hasta ahora de 11 preguntas a efectuar dentro de dos meses a los ecuatorianos, se incluyen 10 que pueden ser resueltas por la actual Asamblea (que trabajen estos señores) y una de ellas que estuvo vigente hasta 2011, en que fue eliminada con el 46 % (Prohibir negocios de juegos de azar) mediante referéndum y consulta popular por el gobierno de aquel entonces y que ahora nuevamente se la quiere reactivar y que tenga vida jurídica, porque se supone que esto va a generar alrededor de 30 mil nuevas fuentes de empleo. Ojalá que en esto último no intervengan lavadores de dinero ni mafiosos. Las leyes y reglamentos actualizados para este tipo de actividad deben ser lo más rigurosos posibles. La superintendencia de compañías deberá implementar controles preventivos y permanentes. Además, se menciona que se pretende incorporar cinco preguntas más. ¿Por qué no incorporar las siguientes preguntas? (1). Eliminar: partidos políticos de alquiler, que son alquilados para candidatos presidenciales. (2). Eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) (3). Eliminar la actual Constitución vigente del 2008 y hacer una nueva. (4). Eliminar partidos políticos que no sirven para nada y que usufructúan dinero del estado. Estoy seguro que el país entero agradecería que se hiciera esto, por única vez.

Roberto Flores