Cartas | La deuda pendiente con la accesibilidad en el transporte interprovincial
Un Ecuador accesible no requiere compasión, requiere coherencia. La verdadera modernidad se mide en rampas, no en discursos
Cada vez que una persona con discapacidad intenta subir a un bus interprovincial y no puede hacerlo, el país comete un acto silencioso de exclusión. No se trata de un problema técnico, sino de una violación a derechos humanos básicos: el derecho a la movilidad, a la igualdad y a la dignidad.
El Ecuador tiene leyes que garantizan la accesibilidad: la Constitución, la Ley Orgánica de Discapacidades y tratados internacionales ratificados hace más de una década. Sin embargo, las terminales terrestres siguen sin rampas, los buses no están adaptados y los choferes no han recibido capacitación. Las normas existen, pero no llegan al terreno ni a las carreteras.
Mientras los discursos oficiales hablan de inclusión, en la práctica miles de ciudadanos con discapacidad siguen esperando un transporte digno. No hay sanciones efectivas, ni control estatal, ni voluntad política. La accesibilidad no es caridad ni favor: es justicia en movimiento.
Hago un llamado a las autoridades nacionales, a los municipios y a la Agencia Nacional de Tránsito para que asuman con responsabilidad este tema. No podemos hablar de desarrollo si un sector de la población sigue excluido del derecho más básico: moverse libremente por su propio país.
Un Ecuador accesible no requiere compasión, requiere coherencia. La verdadera modernidad se mide en rampas, no en discursos.
Ab. Adriana Moreno Aray
