Cartas de lectores: Marlon Vargas se toma Quito
El presidente no puede ceder a las exigencias criminales de los indígenas
¿Que creerá Marlon Vargas, que la capital de la República es un pilche de chicha que se puede nomás beber gritando salud? Muchas prebendas se les ha dado a los indígenas para que se les suban los humos y quieran formar su república propia, a la que hay cómo acceder solamente cada 10 años si el jefe pintarrajeado así lo decide. Con el pretexto de tener a su favor la justicia indígena, sumergen a la víctima en agua helada, la ortigan, secuestran y garrotean al que pasa cerca de sus chozas y no les paga las multas que exigen a los que se niegan a ir a tirar piedras en la 10 de Agosto o incendiar la Contraloría.
El paro convocado para irse contra el decreto 126 que eleva el precio de los combustibles y que se inició como una resistencia pacífica, ha terminado en violencia organizada, con bloqueos en carreteras, emboscadas a convoyes humanitarios y el deceso de algún protestante que habrá que investigar.
El art. 366 del COIP castiga al que use explosivos caseros, desate violencia grave para infundir terror colectivo y altere el orden público, delitos que se encasillan en la figura de terrorismo. El presidente Noboa ha declarado el estado de emergencia en 10 de las 24 provincias del país, debido a que las protestas indígenas y los bloqueos de carreteras en la región andina amenazan la seguridad de los ciudadanos, su derecho a la vida, integridad, libertad de circulación y trabajo. El Estado además tiene la obligación de proteger los sectores estratégicos en el caso de graves disturbios internos durante 60 días, donde no habrá derecho a la libertad de reunión, criminalizando las manifestaciones, sobre todo del norte de Quito, en la provincia de Imbabura. El presidente debe procesar penalmente a los líderes responsables por organización terrorista, art. 369, y fortalecer la inteligencia antisubversiva para identificar el financiamiento carísimo del paro que va por los 15 días.
Este lunes encontraron en Lago Agrio tres piscinas con 25.000 galones de diésel y en Ibarra intervinieron con amenazas dos florícolas que no quisieron sumarse al paro, constituyendo ataque a la propiedad privada.
El presidente no puede ceder a las exigencias criminales de los indígenas e instigadores extranjeros bien pagados y derogar el decreto 126; si aquello ocurre, los médicos sin necesidad de bloquear carreteras ni ortigar a soldados, podemos cerrar los hospitales un día a ver cuántos indios se mueren.
Carlos Mosquera Benalcázar
