Cartas de lectores | Impunidad judicial
Los jueces de mayor jerarquía tienen que sancionar a los de más bajo rango, pero surge el problema del ‘toma y daca’ judicial
La impunidad judicial que agobia al país se da en todos los niveles de justicia. Los jueces no pueden hacer lo que creen o a bien tienen, legal o ilegal y paradójicamente, a veces pretextando precisa y contradictoriamente la justicia, pasan por alto entender que su única y principal obligación es aplicar el derecho para resolver las controversias que les compete, pues no hay pretexto válido para violar sistemáticamente la ley y más grave aún, partir de la corruptela ‘de los hechos consumados’ que, jamás podrían tornarse legales, menos tratándose de delitos, infracciones o hechos ilícitos.
Las reglas son clarísimas: la ley manda, prohíbe o permite (art. 1 del Código Civil); y, las palabras se entenderán en su sentido natural y obvio (art. 18 del Código Civil). Para entender el sentido de la ley, basta ir al diccionario de la Real Academia Española, pues el idioma oficial de la República es el castellano (art. 2 de la Constitución). De ahí que, el juez no puede desatender el tenor literal de la ley a pretexto de consultar su espíritu y solamente en caso de duda, de oscuridad, eventual contradicción o falta de ley, tiene que aplicar las reglas de interpretación señaladas en el art. 19 del mismo Código Civil. De manera que, la única forma de terminar con la impunidad judicial es sancionando severamente a los juzgadores que se aparten de la ley e incurren en error inexcusable, puesto que no ha lugar a pretexto alguno para desviar su claro tenor, torciendo decisiones judiciales, a veces de manera escandalosa.
Los jueces de mayor jerarquía tienen que sancionar a los de más bajo rango, pero surge el problema del ‘toma y daca’ judicial porque mientras no se garantice y se practique de manera inexorable la independencia judicial, tanto externa como interna, no habrá justicia que valga, pues una de las formas más comunes de burlar los principios constitucionales de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva es ‘congelando’ injustificadamente el trámite judicial para evitar llegar a sentencia en tiempo razonable; y, así vemos los ciudadanos cómo esa contaminación judicial ha llegado a las más altas esferas: la Corte Nacional de Justicia, en donde hay una reacción; y, el Consejo Nacional de la Judicatura, donde hay un juicio político en trámite.
Veremos qué pasa.
Juan Falconi Puig