Cartas de lectores | Derechos humanos
Esto es clave en años de crímenes violentos, donde se libera a autores o cómplices pese a existir pruebas
De carácter universal, obliga a Estados de la Convención Americana a proteger a ciudadanos sin discriminación de raza, sexo, origen étnico, lengua, etc. El Gobierno debe evitar violaciones a la vida, justicia y salud, y no ser demandado sin que previamente se hayan agotado instancias legales en la Administración de Justicia. El Estado llevará registro de cada caso, comprobándolos conforme a convenios internacionales, tratándose de ancianos, mujeres, niños y personas vulnerables, consagrados en la Constitución como derechos indivisibles, inalienables, universales e imprescriptibles. Deben analizarse en cualquier circunstancia en que se produjeron, evitando casos conocidos mediante políticas de protección, solucionándolos para no llegar a demandas, y buscando acuerdos de reparación integral con seguimiento documentado. La solución amistosa archivará acciones contra el Ecuador.
En casos donde la presunta víctima fue indemnizada por el Estado basada en falsedades, sin haberse declarado culpables a los presuntos autores, el dinero deberá devolverse al Fisco por su imprescriptibilidad, ejerciendo jurisdicción coactiva. Se recuperarán fondos entregados ilegalmente a supuestas víctimas. Existen ‘tinterillos’ que buscan lucrar a costa de otros, y supuestas víctimas que demandan sin agotar trámites jurisdiccionales. Estas acciones deben ser ejercidas por familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, evitando escándalos. Comprobadas las violaciones, la indemnización deberá ser asumida por el funcionario responsable. Termina el falso derecho de repetición, por lo que cada funcionario responderá con sus bienes propios, evitando perjuicios al Estado, que paga millones por errores, salvo en el caso de la fuerza pública. En la justicia, por detención arbitraria, error, retardo o violación al debido proceso, se podrá demandar a jueces, fiscales o responsables. Esto es clave en años de crímenes violentos, donde se libera a autores o cómplices pese a existir pruebas. Todo contribuirá a un servicio público de calidad.
Jorge Arámbulo