Cartas de lectores | Contratos fallidos
Según el informe de Contraloría el perjuicio económico para el Estado ascenderá a $ 100 millones
Preocupa que el contrato con la empresa norteamericana Progen por $ 149,1 millones, de los cuales se han cancelado $ 97,5 millones para generar energía eléctrica, tan necesaria para evitar apagones como los del año pasado de hasta 14 horas diarias, siendo estos recursos tan escasos, con la suspensión de este contrato se hayan dilapidado por errores que eran práctica común en la década robada del correísmo y que se repiten ahora. Por ejemplo: primero se declara la emergencia, luego se justifica la compra a dedo sin concurso que permita seleccionar proveedores con experiencia suficiente y la solvencia necesaria para garantizar el cumplimiento del contrato en las condiciones y tiempo establecidos; tampoco se realizaron verificaciones técnicas prolijas de los equipos, pese a que personal técnico de Celec viajó a EE.UU. con este fin. A más de que es una práctica obvia cuando de compra de equipos se trata, por falta de esa verificación hubo discrepancias entre ciertas características que constaban en el contrato y las que realmente tenían los equipos. Contraloría en su informe del examen especial determinó que Progen no era la fabricante de los equipos adquiridos y que tampoco eran nuevos; logró verificar que nueve equipos tienen fecha de fabricación 2009 y en tres no pudieron precisar el año de fabricación. Se hicieron pagos sin las correspondientes garantías; legalmente debían exigir garantía por anticipos entregados y otra por fiel cumplimiento del contrato. Según el informe de Contraloría el perjuicio económico para el Estado ascenderá a $ 100 millones. Las garantías que están previstas recuperar, luego de dar por terminado en forma unilateral y de la demanda por estafa, son de $7,5 millones por fiel cumplimiento. A mi criterio el resto será pérdida para el Estado, es decir para el pueblo que paga sus impuestos. Y me causa mayor extrañeza que la justicia no dé señales de alguna acción legal, pese a contar con el informe de Contraloría. Seguro esperará que el período del actual gobierno concluya para iniciar las acciones legales pertinentes, cuando los involucrados en el delito ya estén fuera del país, a buen recaudo.
C. Wellington Ríos Villafuerte