Cartas de lectores | Compensación de áreas verdes
Quito exige compensaciones irregulares en urbanizaciones, contraviniendo el Cootad y la Constitución
Según el art. 424 del Cootad, los urbanizadores deben ejecutar obras comunitarias de vialidad (calles, veredas), parques, jardines (áreas verdes), recreativas, etc., por un valor entre el 15 % y el 35 % del área útil urbanizable. Estas obras deben entregarse, a través del Municipio, como bienes de dominio y uso público durante el proceso de fraccionamiento del predio, conforme a la Autorización Administrativa de Urbanización. No obstante, si el proyecto se desarrolla en predios menores a 3.000 m², los urbanizadores pueden, tras ejecutar materialmente las obras, conservar su dominio y uso particular mediante una compensación pecuniaria.
Sin embargo, el Municipio de Quito ha distorsionado esta disposición mediante normativa secundaria interna, imponiendo ilegítimamente una compensación arbitraria denominada “de áreas verdes”, como si se tratara solo de terreno, cuando la compensación debe cubrir el conjunto de obras obligatorias en una urbanización. Además, se calcula su valor aplicando un monto fijo al área útil, ignorando que la norma establece un rango porcentual sobre el área urbanizable.
De esta forma, se impone el 15 % del área útil a todo fraccionamiento sin Autorización Administrativa de Urbanización, aunque el art. 424 del Cootad no contempla ninguna compensación en estos casos. La autonomía municipal no permite reinterpretar ni modificar la norma, función que corresponde exclusivamente a la Asamblea. Esta situación es corregible bajo el art. 425 de la Constitución, que establece la jerarquía normativa, sin necesidad de judicialización.
Pese a ello, funcionarios municipales insisten en exigir esta contribución irregular, en abierta violación a la ley y la Constitución. Diversas autoridades estatales han sido notificadas -Contraloría, Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Ministerio del Trabajo, Consejo de Participación Ciudadana, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Defensoría Pública-, pero todas han ignorado la situación, evidenciando compromisos políticos.
Freddy Remigio Rodríguez