Aclaración sobre “Arbitraria intervención fiscal”
El 11 de junio, en su columna Arbitraria intervención fiscal, la Sra. Nelly de Jaramillo afirma que los allanamientos y desalojos realizados en las haciendas de Furukawa (km 30 y 33), en la vía Santo Domingo de los Tsáchilas, a cargo de la Fiscalía General, se dieron con irregularidades “en contra de personas que viven y trabajan en los campos de las mencionadas haciendas”. Cito el comentario de opinión carente de fundamentos: “¿una acción y desalojo ordenada por la Fiscalía sin autorización judicial previa? Es decir, un cúmulo de acciones ilegales ordenadas por la fiscal general y cumplidas con intervención de personal de Fiscalía en tares que son propias y exclusivas de la Policía Nacional bajo mando policial, ya que disponemos de policía judicial especializada”. Furukawa Plantaciones C. A. del Ecuador ha realizado denuncias de toma ilegal y forzosa de los terrenos (km 30 y 33) por parte de personas que no son trabajadores de la compañía. En dichas áreas se presentan a diario robos, agresión a trabajadores, daños a propiedad privada, bloqueo de vías públicas y privadas, y amenazas a sus funcionarios. Las personas que se tomaron las dos propiedades han generado actos violentos; lo prueba la evidencia encontrada en el operativo. En la intervención de los terrenos tomados no se ingresó a ningún campamento o vivienda de trabajadores. Quienes hoy se encuentran en estas fincas lo hacen como medida de hecho ilegal, con carpas precarias donde permanecen para impedir el ingreso a la propiedad y evitar el trabajo y cosecha de abacá. Por estos hechos, FPC a través de denuncias legales solicitó la intervención de los terrenos (km 30 y 33), que se realizó con estricto cumplimiento de la ley, entre ellos, la orden del juez. El artículo es impreciso, con claro tinte político y mal intencionado. Desconoce la existencia de un procedimiento legal, cabalmente ejecutado y plenamente justificado. No es una intervención arbitraria sino una actuación fiscal en el marco de la ley. No hubo desalojos; quienes llevan a cabo la medida de hecho no viven ni trabajan allí. No hubo acciones ilegales ni fueron ordenadas por la fiscal. Tampoco Fiscalía realizó intervenciones propias y exclusivas de la Policía, por tanto, no existe ninguna falta grave administrativa ni usurpación de funciones. Quien escribe el artículo desconoce procedimientos legales, judiciales, de Fiscalía y de Policía, y mancilla sin fundamento ni justificación el nombre de nuestra compañía. El tiempo que las haciendas han estado bloqueadas, la empresa ha tenido una fuerte afectación: económica ($ 87.500 netos/ mes); del derecho a la propiedad privada y libre empresa. Sobre eso la articulista no dice nada, no investigó, pero se permite poner en duda la capacidad de la fiscal general.
Adrián Herrera Villena
Gerente general
Furukawa Plantaciones C. A. Ecuador
