Caso Isspol: Audiencia de juicio por peculado de $ 188 millones se dilata

Cuatro años han pasado sin que el caso Isspol llegue a una sentencia. Este lunes 13 de abril de 2026, la audiencia de juicio por el delito de peculado fue declarada fallida.

El Tribunal difirió la diligencia y fijó el 27 de mayo para el inicio de la etapa de juzgamiento. Esta decisión ocurre tras cuatro años de espera sin que exista una sentencia por el presunto desfalco de 188 millones de dólares en bonos global 2024 de propiedad del Instituto de Seguridad Social de la Policía.

El diferimiento responde a una solicitud de los nuevos abogados de John Luzuriaga, exdirector de Riesgos del Isspol. Franklin Sevilla Rivadeneira y Diego Oquendo asumieron la defensa el pasado 10 de abril y alegaron la necesidad de tiempo suficiente para estudiar el expediente. El tribunal aceptó el pedido con el fin de garantizar el derecho a la defensa y evitar futuras nulidades.

Implicados ausentes y prófugos

Al ser un caso de peculado, el juicio se realizará con la ausencia de varios procesados, entre estos Luzuriaga que se encuentra prófugo tras una negligencia ocurrida luego de su deportación desde EE.UU. en noviembre de 2024. En el país, el exfuncionario cumplió una condena por lavado de activos tras admitir la recepción de fondos ilícitos del Isspol, que fueron blanqueados en ese país. 

Él llegó a Ecuador el 26 de noviembre de 2024 y debía ser detenido, pero la secretaria del juzgado no había enviado el documento a Migración, por lo que la funcionaria fue destituida, explicó Renato González, exdirector del Isspol.

Tampoco asistieron otros actores que tuvieron roles clave en el caso, como el inversionista Jorge “El Mago” Chérrez, refugiado en México; el exgerente del Decevale, Carlos Carbo Cox, y Luis Domínguez Viteri, gerente de Ventura Casa de Valores. 

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Clamor de los jubilados policiales

Al Complejo Judicial Norte, en Quito, acudió un grupo de policías en servicio pasivo, la mayoria de la Asociación de Policías de Tungurahua. Los uniformados retirados demandan la restituciónde los fondos que pertenecen a la seguridad social policial. Para ellos, falta de resultados judiciales afecta el patrimonio de miles de familias que dependen de estos recursos para sus jubilaciones y servicios de salud.