Guayaquil está enjaulada. Decenas de ciudadelas, como lo ha venido publicando EXPRESO, han dado el paso a cerrar sus peatonales e incluso sus principales vías de acceso, por la inseguridad. Que así sienten que están algo más protegidos, advierten.

Sin embargo, esta medida no ha sido bien tomada por toda la comunidad, al alegar que les quita la libertad de transitar por donde quieran y que, además, complica el tránsito, ya de por sí caótico en el Puerto Principal.

En Urdenor 2, donde la semana anterior los vecinos en un primer round impidieron que el Municipio les retire las puertas que habían colocado para protegerse de los robos y las extorsiones; ayer hubo otro enfrentamiento en el que tampoco las autoridades lograron su objetivo (ver subnota). En esta ocasión, la administración del Parque Empresarial Colón se opone a que la ‘muralla’ se mantenga, precisamente porque, alegan sus directivos, afecta la libre movilidad.

Pero esta postura no es nueva. En entrevista con EXPRESO, el director municipal de Justicia y Vigilancia, Shuber Urgilés, aseguró que solo en lo que va del año han receptado 490 denuncias ciudadanas que exigen que el Municipio actúe y retire las cercas metálicas colocadas por una mayoría en el entorno en el que viven.

Que si bien estas denuncias no son nuevas, sí es notable que se han multiplicado de tal forma que resulta preocupante.

“Siempre ha habido denuncias de vecinos que no están de acuerdo con que se coloquen las rejas o puertos al ingreso y nunca se ha hecho nada por mantener el orden y atender el reclamo de los que no están de acuerdo. Debemos entender que colocar este tipo de cercas es ilegal”, dijo Urgilés a EXPRESO; al detallar que en 2019 se presentaron apenas 13 denuncias por obstrucción de la vía pública y este 2023, en lo que va del año, se acercan ya a 500.

Según las cifras (ver recuadro), en 2020 subieron a 28; en 2022, a 180 y este año, pues simplemente ese último número se duplicó y más.

El aumento, a decir de los especialistas, por un lado refleja que existe desesperación por sentir algo de tranquilidad; mientras que por otro, exista también la necesidad de no estar más enjaulados.

“Yo entiendo que nos están robando, que todos corremos el riesgo de abrir los ojos y se te aparezca un ladrón. Sin embargo, que nos enrejemos más no va a quitarnos ese riesgo. Porque salimos de casa y otra vez estamos expuestos. Lo estamos en el semáforo, en la tienda, en la calle, afuera de los colegios, en los parques. Si queremos recuperar la convivencia, que es lo que hoy está en riesgo, la salida no son las puertas. Tenerlas y colocar una tras o otra solo aumenta nuestro encierro”, señaló Lucas Higueras, habitante de la sexta etapa de la Alborada.

Para Miguel Lapo, exmorador de la Floresta 2, colocar estas rejas no es una medida convenientes para todos. “Yo tenía un negocio y si la calle estaba cerrada nadie me visitaba. Es cierto que queremos seguridad, pero también hay personas afectadas económicamente. Por eso es que reclamamos”, dijo Lapo, quien asegura que decidió cambiarse de vecindario para no ver afectado su bolsillo, pero ahora donde está también quieren colocar cerramientos.

“Parece que todo Guayaquil se quiere encerrar. Eso no es bueno. Así nos asfixiamos”, comentó.

Para el urbanista y catedrático universitario Brick Reyes, esta situación es delicada y se debe tratar con cuidado, ya que tiene aspectos positivos y negativos. “Definitivamente los cerramientos disuaden la delincuencia y se ha vuelto casi una necesidad para el vecindario que busca una sensación de paz, pero asimismo crea otros conflictos. Limita los servicios emergentes como ambulancias, bomberos, policías. Además de que podría provocar mayor tránsito vehicular en las cercanías, sin contar los gastos que representa para los residentes tener que dar recorridos más largos en vista de que una ruta ahora está bloqueada”, comentó el especialista, que apunta a que la creación de una ordenanza es vital para esta clase de cerramientos en la vía pública.

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Con respecto a este punto, Urgilés aseguró que antes de que termine el año, Guayaquil contará con una norma que regule esta situación. Que permita la colocación de rejas, pero cumpliéndose una serie de cosas, entre ellas el horario y sitios donde puedan colocarse.

Para Amelia Tapia, quien habita en El Cóndor, urge que la ley tome forma y no quede solo como un intento o promesa. “Yo no puedo ser parte del grupo que las aprueba o rechaza porque todos los días, quizás como todos, cambio de opinión. Cuando veo que somos víctimas de la delincuencia, pido a gritos la presencia de estos cercados. No obstante, cuando pienso en caminar e ir a los centros comerciales del entorno, me alegro de tener vías libres para hacerlo, con gente que entra y sale de los parques, con heladeros y mascotas corriendo. Es muy complejo... Por eso prefiero que exista una norma que nos regule. Aquí está en juego todo, con las puertas o sin ellas: la vida, el barrio, la movilidad y la convivencia. Todo”, argumentó.

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