Después de seis años al frente de la Junta de Beneficencia de Guayaquil (JBG), Ernesto Noboa Bejarano se retira para dar paso a un nuevo directorio, que será liderado por Cordovez, de 63 años y quien es miembro de la institución desde el año 2014. EXPRESO dialoga con este empresario guayaquileño sobre el rumbo que tomará la entidad, que el año pasado enfrentó una de sus crisis más grandes, a causa de la deuda que el Estado tenía con ella.

Entre el 2018 y el 2019, fue pública la crisis por la que atravesaba la Junta. El Estado les adeudaba alrededor de $ 114 millones por derivaciones médicas y, a consecuencia de ello, como lo publicó en ese entonces este Diario, algunos servicios que brinda la institución tuvieron que reestructurarse, lo que generó varios despidos. Hoy, la llegada del coronavirus ha complicado aún más la situación, a tal punto que, de no obtener los fondos suficientes que requiere, incluso las atenciones en los cuatro hospitales que regenta, podrían verse afectadas. 

Hasta el año pasado eran alrededor de $ 114 millones los que el Estado les adeudaba. ¿Cuál es el monto actual?

Similar. El Estado nos adeuda aún $ 110 millones aproximadamente, diez de esos correspondientes a la devolución del IVA, que no lo hemos recibido desde el año pasado. Sin embargo, esa no es la única situación que nos preocupa. Tenemos otro agravante generado por la llegada del coronavirus y tiene que ver con que la Lotería, que es una de las fuentes más importantes de nuestro financiamiento, se ha cerrado y, por primera vez, no ha operado por varios meses. Recién se está reactivando. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que las ventas están bajas, que no tenemos prácticamente fuentes de ingreso, y que nos toca seguir luchando y enfrentando incluso esta pandemia sin recursos.

Pero si el Estado les cancelara parte de la deuda, el panorama sería otro...

Sí y estamos hablando con el Gobierno, pidiendo atención a nuestro problema y aunque hay acercamientos, nada se concreta todavía.

¿Qué consecuencias enfrentan con ello?

Varias. Resulta difícil sostener el sueldo de los 5.000 trabajadores que integran nuestra plantilla y los ingresos que nos permiten mantener vigente nuestro servicio social, que es el que está más en riesgo a ser suspendido.

¿Y qué pasa con las derivaciones médicas? ¿Las han suspendido?

No, por el momento. Las mantenemos y lo seguiremos haciendo mientras tengamos posibilidades económicas para hacerlo. Pero estamos prácticamente acabando esa posibilidad. Estamos a un mes o un mes y medio de tener que empezar a apagar luces: de suspenderlas.

¿Lo sabe el Gobierno?

Lo sabe y está consciente de la importancia de los servicios que estamos prestando. Quieren ayudarnos, al menos así lo expresan; y están entonces obligados a encontrar esos fondos para reponer lo gastado e invertido por la Junta. Hasta ahora, de cierta forma, han venido pagando ciertos rubros, de allí que la deuda sigue siendo prácticamente la misma en relación a la del año anterior. Sin embargo, está empezando a subir. Del Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, no hemos recibido ningún pago desde hace tres meses. Y eso está volviendo insostenible el problema.

Hace dos años, a causa de la crisis, tuvieron que despedir a 1.500 personas en el lapso de un año y medio. ¿Lo han hecho ahora o existe el riesgo de que lo hagan?

Hubo ya despidos, pero no masivos. Las reducciones fuertes se dieron los años anteriores. Ahora, para mantenernos y salir a flote, estamos enfocados en crear un plan de reestructuración para los próximos 5 o 10 años, que apunta a repotenciar sobre todo nuestros hospitales. Queremos hacerlos más eficientes, enfocarnos en las atenciones que son más requeridas y acomodarnos a los nuevos volúmenes de pacientes. Eso nos va a permitir un ahorro importante, lógicamente se tendrán que reducir algunos servicios que los cubre ya el Estado. Llegado el momento también venderemos propiedades, pero siguiendo la política de vender y comprar porque tenemos un patrimonio en activos fijos que debemos preservar a lo largo de la vida de la institución.

La llegada del coronavirus los obligó a cerrar algunos centros que regentan, como la unidad educativa Santa Luisa de Marillac. ¿Hay otras entidades que podrían cerrarse?

No, ninguna. De hecho, las puertas del colegio se cerraron porque al no haber clases presenciales, no tenía mucho sentido tener los dos colegios que administrábamos abiertos, por el costo que esto implica. Sin embargo, acabada la emergencia, queremos reabrirlo. Si está a nuestro alcance, lo haremos.

Con la construcción de la aerovía, en los pasillos del hospital Luis Vernaza se habla de que parte de la estructura, por verse afectada por la obra, dejará de funcionar. ¿Es verdad?

No. Es cierto que algunos procedimientos que se hacen hoy en el hospital ya no se harán allí, sino en el Hospital Alfredo G. Paulson, pero porque las instalaciones son mejores y el costo de igualarlas en el Vernaza sería muy alto. Es parte de la reestructuración de la que hablaba, que nada tiene que ver con la aerovía.

Durante la entrevista Cordovez, quien asegura asumir con orgullo el reto de sacar de la crisis a la entidad, la más grande que -advierte- ha enfrentado en sus 132 años de vida institucional, destaca el hecho de que, pese a no haber tenido los recursos para crecer como querían en los últimos años, hayan alcanzado logros importantes. Cita el hecho de que el Luis Vernaza haya obtenido la acreditación para realizar trasplantes de corazón y que en sus hospitales se mantenga aún el espíritu de docencia. “Nosotros preparamos a miles de médicos ecuatorianos y esa contribución que se hace desde la Junta, la mantendremos por siempre vigente...”.