Madelayne Bermúdez, moradora de la ciudadela Acuarelas del Río, en Guayaquil, fue víctima de secuestro exprés. Cuenta que el taxi que tomó del trabajo a su casa la engañó. Se desvió del camino y embarcó a dos hombres más, quienes la golpearon, amenazaron, le tomaron fotografías, se llevaron sus documentos y anotaron la dirección de su casa. Finalmente, después de quitarle todas sus pertenencias, la dejaron a la deriva en una parte desolada del sur de la ciudad. Pero ella no denunció ese infierno.

“Tengo un hijo y me amenazaron con matarme. A mí, las autoridades no me garantizan protección y sé que denunciar habría sido una pérdida de tiempo”, detalla la mujer.

No es la única que piensa que denunciar un delito es por gusto. Álex Murillo, ingeniero comercial y residente del centro de la ciudad, piensa igual. A él lo han asaltado cuatro veces y dos de ellas cerca de su casa. Sin embargo, las tres últimas ocasiones tampoco se lo ha hecho saber a la Fiscalía. “Tendría que tomar un turno, esperar horas a que me atiendan para que todo llegue hasta ahí y no recuperar nada”, dice.

Desde el 16 de marzo pasado, cuando iniciaron las restricciones en Ecuador por la pandemia del coronavirus hasta el 2 de agosto reciente, la Fiscalía General del Estado había receptado, a nivel nacional, 14.213 denuncias por robos y 3.575 por hurto.

Las denuncias por robos iniciaron con un promedio de 300 semanales, pero desde junio se dispararon con un promedio de 1.200 en el mismo lapso. Así lo reflejan las estadísticas presentadas por esta institución en su plataforma oficial de Twitter.

El objeto que más atrae a los antisociales es el celular. Por este móvil se cometen la mayoría de asaltos en las calles, según indica a EXPRESO Javier Herrera, jefe de Policía del Distrito Modelo de Guayaquil (que abarca a todas las ciudadelas del norte).

Sin embargo, son las víctimas de este delito quienes menos se animan a sellar, ante la Policía y la Fiscalía, que fueron víctimas de la delincuencia. Esa falta de iniciativa impide, a decir de los expertos en seguridad consultados, que los registros sobre estos hechos delictivos que manejan las instituciones judiciales son solo un subregistro de la realidad.

En una consulta realizada por este Diario a la ciudadanía las razones por las que no se animan a denunciar un robo o hurto, de las 1.232 personas que participaron en este sondeo, el 64,9 % mencionó que no lo hace porque el proceso es engorroso. El 18,3 % dijo que no se anima porque no confía en que las instituciones puedan resolver su caso y el 16,8 % indicó que tiene temor a las represalias.

Este problema no es exclusivo de Ecuador. Hace tres años, un informe investigativo del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía de México mencionaba que varios países de Latinoamérica tenían un gran porcentaje de delitos no denunciados. Mostraba un ranking. Ecuador estaba entre los cinco primeros. Según detallaba, en este país el 80 % de las víctimas prefiere no denunciar el delito y la tendencia sigue.

En el Puerto Principal, la Policía llama a cambiar ese panorama. El comandante de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), Víctor Aráus, menciona la necesidad de hacerlo. “Al denunciar, las víctimas nos ayudan a saber qué tipo de delitos están afectando a la ciudadanía, en qué sectores y bajo qué modalidad. Así tomemos acciones investigativas para prevenirlos y ubicar a las organizaciones delictivas para detenerlas”, indica a EXPRESO.

El fiscal de flagrancia Víctor González explica que la denuncia es fundamental para comprobar que existió el robo y para llevar el registro de cada evento.

Admite que una de las razones por las que las personas prefieren no denunciar es por la demora en el proceso en la Fiscalía. Sin embargo menciona que esto no se debe a la lentitud del personal de la institución, sino a la naturaleza del trámite, establecido por ley.

“Por ejemplo, una vez que se recupera lo robado, se hace una pericia dentro de diez días y posteriormente son devueltas a su propietario. Puede que el artículo se devuelva el mismo día o no”, menciona.

González también dice que, en algunos casos, la agilidad del proceso depende de las ocupaciones de los funcionarios. “Como Fiscalía, no tenemos todo el recurso humano para solventar en un día todo. Sin embargo, antes los casos duraban un año, ahora en 20 días están resueltos”, asegura.

El jurista Jorge Sosa, activista por los Derechos Humanos, analiza que la gente no denuncia, no porque aquello sea un proceso engorroso en sí, sino por la falta de garantías de que una vez pase ese proceso el caso tenga solución, lo que refleja la desconfianza en la autoridad, como lo ha publicado este Diario en reportajes anteriores. Sosa precisa que el miedo a las represalias es más por la falta de seguridad que brinda el Estado a la víctima. “Estado no alcanza a generar un sistema de protección a gran alcance”, advierte.

Cree que parte de la solución radica entonces en brindarle a la ciudadanía la comodidad de hacerlo, como a través de Internet o de la Unidad de Policía más cercana, independientemente del monto que represente lo robado.

“Y que asimismo, el sistema (por Internet) pueda asignarle un fiscal que haga la diligencia rápida. Por ejemplo, en el robo de un carro que rápidamente pida los videos de los ojos de águila para tener la ruta del criminal y así capturarlo”, sugiere.

Pero para las víctimas, como Sandra Vinueza, a quien en junio le robaron la laptop, el teléfono y la billetera al intentar ingresar a su vivienda, en Sauces 8, pasará mucho tiempo para que el sistema sea efectivo. “La ayuda nunca llega de forma rápida y te ponen una traba tras otra. He denunciado, sí, al menos tres veces y en todas he perdido mi tiempo”, argumenta.

• GUÍA DE AYUDA

Acudir a la Fiscalía. Si es víctima de un robo, debe pedir ayuda y llamar al ECU-911 y reportar el robo. Explicarle a los policías los detalles del evento y acudir físicamente a la Fiscalía de Flagrancia. El trámite es por turno, gratuito y no necesita tener un abogado.

Documentos personales. Es importante que en la denuncia indique si le robaron los documentos para evitar que su identidad sea utilizada para cometer actos ilegales.