Al menos veinte docentes y aspirantes a la cátedra en la Universidad de Guayaquil presentaron ayer en la Unidad Judicial del Sur, en la avenida 25 de Julio, un amicus curiae, acción judicial que busca revocar la suspensión del VI concurso de mérito y oposición para el nombramiento de 317 docentes auxiliares titulares de la entidad.

El proceso de selección fue convocado el pasado 14 de octubre y suspendido el 13 de noviembre, tras la decisión de la jueza de la Unidad Judicial Sur de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Carla Berón Palomeque, dictada luego de acoger una acción constitucional de medida cautelar en contra de la autoridad universitaria, e interpuesta por un docente del mismo centro de educación.

Se trata del docente Rodolfo Salas Díaz, quien reclama que la Universidad de Guayaquil no socializó con tiempo suficiente a la colectividad y ciudadanía en general sobre las bases del concurso, pues solo se dieron cuatro días laborables para presentar los requisitos.

Como él, otros catedráticos y profesionales con aspiración de lograr un puesto de trabajo, presentaron quejas similares; pero la cita de ayer fue diferente. Quienes citaron a los medios son una veintena de concursantes que piden a la jueza, en cambio, dejar sin efecto la decisión tomada.

Andrés Ortiz, uno de los abogados del grupo de aspirantes, explicó que para ellos, la medida, en lugar de cuidar que no se vulneren los derechos de los profesores, lo que hace es todo lo contrario, por cuanto se les niega la posibilidad de acceder a un trabajo estable y, por supuesto, de concursar.

La jueza tiene 72 horas por ley para responder al requerimiento de los docentes, explicó el abogado, y dijo que el escrito pretende la revocatoria de la medida cautelar.

“No hay por qué complicarles más la vida a los aspirantes con esta medida constitucional. La situación del país no lo permite y hay docentes que defienden el proceso de selección y que deben ser escuchados”, propuso el defensor.

Héctor Hugo, quien fue catedrático de la Facultad de Arquitectura, es uno de los firmantes. “En esta ocasión lo que se hizo es simplificar procesos burocráticos y sí hubo una socialización adecuada. Es más, el concurso ni siquiera fue cerrado”, defiende.

El doctor Luis Chauca viajó desde Milagro a firmar. “Envié todos los documentos para postular a Odontología y sé que estaban correctos y que puedo salir favorecido”, insiste.

Como él, Andrea Ordóñez también defiende el proceso. Es catedrática de esa facultad hoy, pero peleaba un nombramiento. “No hubo trabas en el concurso. Todos los trámites estuvieron abiertos para todos. Docentes y no docentes. Se busca excelencia. Los que están en contra son las personas que no tienen los méritos suficientes y saben que no tendrán oportunidad”, critica.

El presupuesto general asignado a la universidad en 2020 es de $ 155’088.126, de los cuales se destina $ 76’337.175 para el pago de la planta docente, que asciende a 2.160. De ellos 1.115 son titulares, 71 tienen nombramientos provisionales y 974 están con contratos ocasionales, de los cuales 117 son técnicos docentes.