Llevan entre diez y ocho años fuera del magisterio ecuatoriano. Son maestros hasta con 30 años de experiencia, que durante el gobierno de Rafael Correa fueron expulsados de las aulas por denunciar anomalías en el sistema educativo fiscal. Estas tenían relación al abandono de escuelas, problemas de infraestructura y el silencio al que estaban obligados a permanecer para no sufrir retaliaciones.

A pocos días de que el nuevo presidente de la República, Guillermo Lasso, asuma su cargo, los aproximadamente 800 maestros destituidos se han unido en un frente que busca luchar para que se les devuelva el empleo, con el que no solo educaban a cientos de niños y jóvenes, sino que también era el sustento para sus familias.

Uno de ellos es Charles Palacios Bastidas, con 27 años de trayectoria, quien en el 2014 fue destituido como director de la escuela República de Filipinas por oponerse al traslado de dicho plantel. Este estaba ubicado en los Vergeles y fue llevado hasta la avenida Francisco de Orellana, a varios kilómetros del sitio original.

La oposición del directivo tenía el respaldo de los padres de familia, quienes estaban en desacuerdo con el traslado por el perjuicio que originaría a más de 800 estudiantes que formaban parte del centro educativo.

Pero las quejas no lograron el objetivo: la escuela fue trasladada y Palacios también fue destituido del magisterio, luego de un sumario administrativo que iniciaron en su contra por supuesta instigación.

“Lo que queríamos es que los niños no dejaran de estudiar porque su escuela era llevada a otro lado. En ningún momento se quiso originar anarquía; pero nunca nos escucharon, solo sancionaron”, cuenta el docente que lleva más siete años desempleado y extrañando dar clases en las aulas.

Cuenta que para subsistir se ha convertido en comerciante y ofrece clases particulares de música, ya que un maestro destituido no puede ejercer la docencia ni siquiera en el sector particular.

Jorge Itúrburu fue otro destituido, cuando ejercía el cargo de rector del colegio emblemático Vicente Rocafuerte. En 2013 fue sancionado por ceder el auditorio del plantel para que los integrantes de la Unión Nacional de Educadores (UNE), gremio al que pertenecía, realice una asamblea en la que convocaron un paro de docentes para exigir el cumplimiento de algunos puntos contemplados en el Plan Decenal de Educación.

Arturo Cepeda, en ese entonces rector del colegio Aguirre Abad, también corrió con la misma suerte.

“Entraron con policías, allanaron los establecimientos y nosotros tuvimos que salir de nuestra casa educativa. Desde allí vino la persecución que no cesó mientras duró la administración correísta y que se ha mantenido en la de Lenín Moreno, ya que muchos funcionarios del régimen anterior siguen enquistados”, menciona Itúrtubu, quien también es abogado de profesión, carrera que le ha servido no solo para ejercer su defensa, sino además para sostener a su familia.

“Se inventaron sumarios administrativos de toda especie para ir destituyendo a cada maestro que pensaba y opinaba diferente”, recuerda el exrector, con 41 años en la docencia y que ni siquiera puede acogerse a la jubilación por un proceso que no concluye, luego de siete años.

Es por ello que los maestros que se sienten perjudicados han conformado un frente de lucha, al que también pertenece Darwin Vilche, quien en 2018 fue destituido cuando ejercía la docencia en la Unidad Educativa Babahoyo, ubicada en el cantón del mismo nombre.

Según Itúrburu, quien ha actuado de abogado de algunos de sus compañeros a quienes ha podido hacer que los restituyan, dice que desde la Presidencia de la República se ha ordenado no dar trámite a ningún proceso relacionado con los docentes que perdieron sus empleos.

No obstante, abrigan la esperanza de que el nuevo gobierno que asume funciones el próximo 24 de mayo, pueda abrir los expedientes de los perjudicados para que estos puedan defenderse y comprobar que algunas acusaciones en su contra no tienen fundamentos.

Aseguran que ya han iniciado diálogos con algunos asesores y allegados al presidente electo y que los vientos que soplan son buenos.

El próximo viernes 31 de mayo irán a Carondelet para pedir una audiencia con Lasso. “Hemos tenido acercamientos positivos y pensamos que vamos a lograr nuestro objetivo. Hay un acuerdo ministerial que establece reparación y restitución de todos los derechos de los servidores públicos, a través de promulgación de ley, y como estamos en ese campo pediremos que se cumpla a nuestro favor ”, recalca finalmente Itúrburu.