La pandemia mundial por el coronavirus no solo ha generado un impacto en la salud y el sector económico, sino en el sistema de educación particular del país.

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Cuando falta menos de un mes para el inicio de clases en el régimen Costa, se ha matriculado apenas el 45 % del total de estudiantes, que suman más de 590.000 niñas, niños y adolescentes del sistema educativo privado.

Algunos centros están pasando duros aprietos por la pérdida de alumnos que se cambian al sistema fiscal (educación pública) y por el creciente número de padres con problemas para hacer frente a los pagos de matrículas y pensiones. Los directivos han decidido no seguir funcionando.

Una de ellas es la Fundación Red Educativa Arquidiocesana (REA) que dirige 29 escuelas y colegios ubicados en zonas vulnerables de Guayaquil, como Bastión Popular, Monte Sinaí, Nueva Prosperina, El Fortín, Montebello, suburbio, Isla Trinitaria y Guasmos.

También tiene establecimientos en los cantones Nobol, Lomas de Sargentillo, Santa Lucía, La Libertad y Santa Elena, que cobran pensiones que fluctúan entre $ 20 y $ 100.

La fundación, que da cabida a 13.000 estudiantes y 750 personas entre profesores, directivos, personal administrativo y de servicios, cerrará las puertas de diez de sus planteles.

María Auxiliadora Chavarría, directora de la REA, explica que estos centros de estudios se financian con los recursos provenientes de las pensiones y del aporte solidario de las instituciones que reportan superávit. Estas cubren los gastos de aquellas que, debido a sus bajos valores de pensión, no alcanzan a cubrir los costos mínimos educativos.

“La crisis sanitaria por el coronavirus no ha sido ajena a nuestras instituciones. La REA pasa por graves problemas económicos. Hasta el momento, solo el 25 % de los estudiantes se ha matriculado y no se cuenta con fondos suficientes para sobrevivir durante este mes”, indica preocupada.

A esto se suma que las clases en el régimen Costa fueron postergadas por el Gobierno para el 1 de junio, dejando desprotegida de fondos a la educación particular, agrega.

“Sin los recursos que se generan por matrículas y pensiones, es imposible mantener a esta red solidaria, y por ello muchas de sus instituciones deberán cerrar sus puertas, por no contar con lo mínimo para financiar los gastos que representan el quehacer educativo”, recalca Chavarría, quien hace un llamado a quienes quieran sumarse a una cruzada solidaria, para no dejar morir esta labor que ha estado al servicio de la comunidad por 10 años.

Hace dos semanas se efectuó un anuncio similar por parte de los directivos de la Fundación Nuevo Mundo, que dieron a conocer el cierre de la escuela vespertina que, durante 35 años, ha educado a cerca de 300 niños de escasos recursos de sectores deprimidos de los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón.

Su directora Mary Patricia McTeague anunció que debido a la crisis que enfrenta el país y a la falta de ingresos por la postergación del año lectivo en el ciclo Costa, tendría que cerrar su escuela Fundación Nuevo Mundo, que funciona en el cantón Samborondón, en el mismo local del colegio que lleva su mismo nombre.

Una campaña de apoyo en redes sociales ha permitido que varios sectores sociales, económicos y de gobierno se unan para evitar su cierre. Asimismo, Juan José Yúnez, alcalde de Samborondón, puso a disposición de la fundación la ayuda para que continúe con su labor educativa en ese sector de la provincia de Guayas. La ayuda está siendo analizada.

Pero no son los únicos colegios privados golpeados por la crisis y por cartera vencida que alcanza el 30 %, por la mora en el pago de pensiones por parte de los padres de familia.

Según los representantes de los gremios de este sector educativo, cerca del 10 % de los locales no funcionarían este año, mientras que otros prevén disminuir sus costos operativos con la reducción de su plantilla docente y de otros gastos presupuestados entes de que se inicie la pandemia.

Abelardo García Meneses, presidente de la Corporación Ecuatoriana para la Calidad de la Educación (Corpeducar, Guayas), explicó que el sistema educativo privados es empleador masivo directo e indirecto de 31.300 docentes y 9.320 miembros del cuerpo administrativo que representan cerca de 40.000 familias que se verán afectadas por falta de ingresos. “Muchos padres aún no han matriculado a sus hijos, a pesar de los descuentos y facilidades de pago que los colegios están brindando, por pedido de las autoridades educativas”, dijo García, al exhortar al Gobierno a que disponga el inicio de clases en mayo para aquellos planteles que estén preparados para ofrecer a los niños una educación de calidad, a través de las plataformas virtuales.

Martha Córdova, presidenta de la Federación de Establecimientos Particulares Laicos del Guayas (Fedepal), dijo que el gremio ha solicitado al Gobierno préstamos o plazos para pagar las nóminas de empleados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

BanEcuador anunció la apertura del proceso de crédito educativo emergente a favor de padres de familia, para pagos de matrículas, pensiones, compra de uniformes, materiales y adquisición de computadores, que facilitaría la integración de los estudiantes a las clases virtuales. Los préstamos serán por un monto de $ 3.000, a dos años plazo, tres meses de gracia y con tasas de 16 % anual.