Parece un terreno abandonado. No hay ruido y las máquinas de excavaciones y otras herramientas de trabajo están sin usarse desde el pasado 2 de enero. Así es el panorama de la concesionaria minera Fialsa, una de las 38 asentadas en vía a la costa en el norte de Guayaquil y una de las 29 clausuradas por el Municipio de Guayaquil hace 20 días, por no contar con la licencia ambiental.

Para volver a operar, las canteras deben obtener esa licencia y para conseguirla, según cuentan los dueños de esas minas, deben cumplir, entre los requisitos que pide el Ministerio de Ambiente, con el permiso de uso de suelo.

Celiano Almeida, propietario de Fialsa, en representación de al menos 10 canteras sancionadas, menciona a EXPRESO que muchas minas, incluyendo la suya, llevan más de 10 años intentado sacar ambos permisos. Indica que el uso de suelo, en especial, ha sido negado por el cabildo, a través de trabas burocráticas.

“Hemos cumplido con los requisitos. Nos han pedido estudios y los hemos hecho, pero no tenemos respuestas, ni del Municipio ni del Ministerio de Ambiente”, dice.

La Dirección Municipal de Urbanismo, Avalúos y Ordenamiento Territorial (DUOT), en un comunicado enviado a este medio, detalla que de los predios que se encuentran dentro de las concesiones mineras ubicadas en la vía a la costa, el año pasado ingresaron 26 solicitudes de factibilidad de uso de suelo para actividad minera, 18 tienen pronunciamiento favorable, tres no, una está en la fase de elaboración de informe final y cuatro en análisis. Además aclaró que la factibilidad de uso de suelo no es un requisito para obtener la licencia ambiental y que el cabildo no pone trabas ni excusas para no dar los permisos y que se basa en la Ordenanza que regula la explotación minera de materiales áridos, pétreos y otros en el cantón Guayaquil.

Las clausuras se realizaron después de los reclamos por contaminación ambiental de cientos de moradores de las urbanizaciones de vía a la costa; y después de seis meses de que los dueños de las canteras firmaran un acta de compromiso de mitigación ambiental, donde también se comprometieron a sacar la licencia , que no lograron, según indicaron, porque además el plazo era corto. 

La semana pasada, dueños de las minas y moradores de las urbanizaciones de vía a la costa tuvieron un encuentro en la Defensoría del Pueblo, donde cada parte expuso cómo el problema les ha afectado. A los vecinos en su salud y a su entorno natural y a las concesiones mineras en su oficio que es su fuente de empleo.  El caso está siendo evaluado por el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, quien estuvo presente en la reunión.

Los dueños de las canteras que regidas por el Estado, reclaman que la entidad local las haya sancionado.

 "Nos clausuró el Municipio, cuando a la mayoría de canteras son privadas y el único ente para clausurarlas es la Agencia de Regulación y Control Minero del Gobierno”, reclaman.

En el escrito, el Departamento de Justicia y Vigilancia contradice aquello. Inicia que es el departamento con la competencia de clausurar a las empresas que desarrollen actividades económicas con fines de lucro dentro del cantón Guayaquil y las canteras responden a ese grupo.