Dentro del orgánico funcional del Consejo funciona la Junta Cantonal de Protección de Derechos que, en días pasados, realizó una evaluación de la vulneración de derechos a niñas, niños, adolescentes y mujeres en Guayaquil. Las cifras de mujeres violentadas agredidas aumentan, mientras que la de los niños ha disminuido. Torres analiza en qué falla Guayaquil y por qué la vulneración de derechos sigue afectando a los grupos de atención prioritaria.

El Consejo Cantonal de Protección de Derechos es el organismo coordinador del sistema descentralizado de protección de derechos en Guayaquil. Este sistema se formó a partir de la ordenanza de diciembre de 2015, que establece que deben de crearse sistemas de protección para garantizar y exigir los derechos de grupos de atención prioritaria.

¿Por qué solo se han analizado cifras de mujeres, niños y adolescentes? ¿Qué pasa con los adultos mayores?

La Junta busca cesar la vulneración de derechos o restituir esos derechos vulnerados de niños, niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia. Por mandato legal, las juntas son las competentes para emitir las medidas de protección. Si bien es cierto, está aprobada la Ley de los Adultos Mayores, que le da competencia a las Juntas, el Ejecutivo está en mora respecto a la emisión del reglamento en el cual se determine cuáles son las competencias y medidas de protección que pueden otorgar las Juntas.

¿En qué punto flaquea Guayaquil en cuanto a vulneración de derechos?

En realidad, uno de los diagnósticos es que los sistemas descentralizados de protección de derechos tienen nudos críticos. Dentro de esos nudos están precisamente la pérdida de especificidad con la emisión del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y -Descentralización (Cootad). Antes, los sistemas iban enfocados a niños, niñas y adolescentes. Ahora, abarcan un sinnúmero de grupos de atención prioritaria.

Las quejas también radican en la falta de coordinación que existe entre entidades que deben velar por los derechos...

Efectivamente, dentro del sistema existe falta de coordinación entre todos los organismos que lo conforman, precisamente por la rotación de personal, por la falta de especialidad del personal que atiende. Es una de las falencias más graves y por eso no se puede ordenar de manera articulada la política pública. Es una articulación momentánea y solamente responde a situaciones mediáticas y de emergencia. No existe la sostenibilidad dentro de esa articulación para que se convierta en una política pública sostenible en atención, protección y restitución de derechos.

¿Quiere decir que se está resolviendo la vulneración de derechos en Guayaquil al paso?

En ciertos casos se van resolviendo ciertas situaciones que son apremiantes al momento. No obstante, el maltrato es algo que se vuelve mediático en la medida de lo que ocurre en un caso puntual. No terminamos, como sociedad y como sistema, de observar al maltrato como ese comportamiento sistemático de la sociedad, en la crianza y cuidado de los niños ya adolescentes. Se ha naturalizado la violencia en el tema de mujeres.

Ahora que toca el tema de mujeres, en la exposición de las estadísticas de 2018-2019, aparece tanto como agredida (como mujer) como agresora (como madre), ¿Es por esta normalización de la que habla?

Como fundamento de las estadísticas, se determinó que el tema de la naturalización de la violencia va en relación a los entornos familiares, que son los mayormente denunciados (padre y madre). Entonces, se impulsó la campaña ‘Me siento protegido’, que se dan factores de protección a niños y adolescentes en el tema del cuidado, del no maltrato, de buscar alternativas de crianza positivas.

Campañas hay, pero la vulneración de derechos continúa. ¿En qué fallan estas campañas en las que se invierten recursos?

Que no son sostenibles en el tiempo. Con una campaña de tres o seis meses no vamos a desarraigar el comportamiento que tenemos de casi 200 años como República. Es un tema generacional, de educación. No solo es socializar, sino adentrarse en la problemática como tal, como escalera, de esposo a esposa, de esposa a hijo y de hijo a la mascota. Tenemos una sociedad violenta, con una problemática, pero no escudriñamos en la misma, no buscamos el génesis de aquello.

¿Qué pasó con la Ruta Integral de Protección de Derechos que buscaba mejorar la coordinación entre entidades?

Un sinnúmero de organizaciones ayudaron a construirla, sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo, fueron rotando funcionarios y van cambiando las visiones. Hay que reforzar el compromiso que adquirieron.

¿Y cómo se soluciona esto, el tener que volver a empezar un proceso de coordinación cuando cambian los funcionarios?

Cada una de las instituciones tiene autonomía y no se podría establecer mayor exigibilidad, pero el Consejo siempre insta a mesas de diálogos para que los nuevos funcionarios vayan al ritmo que merece la respuesta de estas situaciones (vulneración de derechos).