Es la noche del 7 de octubre de 2019 y Guayaquil está lista para frenar lo que podría convertirse en la jornada más convulsa de su historia reciente. Al paro de transportistas y un estado de excepción se suma un hecho que cambia el reloj laboral de las entidades públicas: la decisión del presidente Lenín Moreno de mudar la sede del Gobierno a esta ciudad.

La movilización indígena se dirige a Quito, donde han empezado los enfrentamientos entre los protestantes y la fuerza pública. Guayas está en alerta. Hay cientos de indígenas bloqueando carreteras en la Sierra. Otros grupos, aunque menos numerosos intentan llegar a la nueva casa del mandatario en Guayaquil, por varios frentes, para protestar por la eliminación del subsidio a la gasolina extra y al diésel. No lo logran.

La Gobernación, amparada por el estado de excepción, ha levantado un aparataje interinstitucional de seguridad sin precedentes. Un blindaje que convierte a la ciudad en el búnker de un país convulsionado.

El nombre del gobernador Pedro Pablo Duart, que tiene un mes en el cargo, empieza a sonar con más frecuencia. Es el responsable de garantizar la seguridad de la ciudad y la provincia y, en consecuencia, de Moreno.

A la ciudad le tocó aprender a protegerse de vicisitudes de este tipo sobre la marcha. Gobernación convoca a los municipios, a las Fuerzas Armadas y a la Policía para “defender la democracia”. Once mil uniformados de la Policía y seiscientos miembros de las Fuerzas Armadas resguardan a la provincia. De costos no se habla aún.

El Municipio de Guayaquil confirma a EXPRESO que participaron en las jornadas por la seguridad 1.800 agentes, entre metropolitanos, ATM, personal de Justicia y Vigilancia, Aseo Cantonal y Bomberos.

El gerente de la ATM, Andrés Roche, notifica por su parte a este Diario que contrató a 150 guardias privados por turno. Según el desglose de empresas que ofrecen este servicio, en jornadas ordinarias, cada agente de seguridad gana alrededor de $ 15 el día y cubre turnos de doce horas. Si las autoridades mantuvieron esta vigilancia las 24 horas, el gasto se aproxima a $ 4.500 por día. Fueron cinco días de refuerzos. El monto de este rubro, sin embargo, se conocerá una vez que se suba el documento al Portal de Compras Públicas.

Bloquear el ingreso de cien camiones llenos de manifestantes y cien motocicletas en distintos puntos, como el kilómetro 26 de la vía Guayaquil-Babahoyo, tampoco es barato. Para este trabajo, el Cabildo porteño colabora con 20 volquetas, que se distribuyen en cada uno de los puntos. Según información de empresarios de este servicio, cada volquete cuesta $ 160 por día, más $ 40 por operación.

El gobernador Pedro Pablo Duart justifica todo ese aparataje. Guayaquil y la provincia, asegura él, se enfrentaban a vándalos cuya única finalidad era generar caos y descontrol. “Tomarse lugares emblemáticos, arremeter contra medios de comunicación... infundir miedo y temor en los guayasenses”. Nunca pisaron Guayaquil.

El miedo, en cambio, llega de dentro. Duart no logra neutralizar al mayor enemigo de provincia, la masa delincuencial. Esa vive aquí. Esos días saquean en torno a un centenar de locales en Guayaquil, Durán y Samborondón y un joven muere en una revuelta en el puente de la Unidad Nacional. Tenía 15 años.

El cabecilla de esa jornada de saqueos en Durán está detenido, junto con otros 400 sospechosos. Caen en la lista el político Balerio Estacio y la exalcaldesa de Durán Alexandra Arce.

Aparte de un despliegue de uniformados de hasta 11.600 efectivos entre Fuerzas Armadas y Policía, se infiltraron agentes en los disturbios vestidos de civil para tratar de anticiparse a sus movimientos.

Tras un análisis del blindaje ejecutado, la antropóloga Karen Andrade, especialista en temas de inteligencia y seguridad estatal, resume que la protección fue oportuna. A su criterio, se dejó sentado, a diferencia de Quito, que esta zona del país permite creer que el Estado y el Gobierno tienen una contingencia que garantiza la protección.

Critica, no obstante, que se hayan limitado los derechos a tener una contramarcha o de hacer manifestaciones en el centro y norte de la urbe, pues no se puede desconocer que existe inconformidad en algunos sectores. De hecho, la Corte Constitucional advierte sobre este tipo de restricciones (ver nota adjunta).

Guayaquil, pese a todo, logra mantenerse medianamente activa once días. Aquello se aplaude, observa Juan Carlos Díaz-Granados, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil.

Es 21 de octubre de 2019. El país sigue en proceso de recuperación de su rutina y de reparación de los daños. La Gobernación se anticipa a eventuales contratiempos. Se incrementará el número de cámaras de seguridad y se equipará más a la Policía. Duart piensa en cascos y pistolas eléctricas. Aunque el presidente está en Quito, la sede de Gobierno sigue siendo Guayaquil.

El perfil

Pedro Pablo Duart, de Acción Social a la Gobernación

Pedro Pablo Duart, el gobernador del Guayas, llegó a ese cargo desde la entraña socialcristiana. Era de los directores más apreciados por el exalcalde Jaime Nebot, quien incluso le ofreció un reconocimiento antes de dejar el Municipio, a propósito de la labor desempeñada en la Dirección de Acción Social del Cabildo por dos años y medio, luego de ser subdirector de ese departamento.

Cuando Cynthia Viteri entró a la Alcaldía, Duart presentó la renuncia, esto pese a que, en mayo, la nueva dueña del sillón de Olmedo lo ratificara en su cargo.

Él tenía otros planes. El 28 de agosto anunció la decisión que lo llevó a defender al Guayas. “He aceptado el desafío de poder servir a mi provincia, pueden estar seguros de que daré todo para poder cumplir a cabalidad la gran responsabilidad. (...)”.

Ya como gobernador emprendió la campaña #TodosContraLaDelincuencia, implementó la mesa de seguridad ciudadana y asumió la batalla contra las invasiones y los traficantes de tierras.

Ha estado vinculado a la función pública desde el 2015. Es máster en Comercio Exterior, de la Universidad Rey Juan Carlos-España, tiene una maestría en Comunicación Política e Institucional y un diplomado Internacional en Diseño y Planificación de Campañas Electorales por el Instituto Ortega y Gasset (también de España).

Contrapunto

El dilema entre las restricciones por seguridad y la limitación de las protestas

El 9 de Octubre, Guayaquil se convirtió en campo de batalla. La convocatoria para esa tarde que hizo el Partido Socialcristiano con el fin de “defender la democracia” chocó con decenas de manifestantes contra las medidas económicas que desde la mañana de ese día se tomaron el casco central.

Miembros de las Fuerzas Armadas, durante alrededor de ocho horas, disiparon con gases, toletazos y hasta perros a quienes llegaron del segundo grupo, para evitar la confrontación con los de camisa blanca. La alcaldesa pidió que asistan con esa indumentaria.

Andrea Crespo estuvo del lado de los manifestantes contra las medidas. Es catedrática universitaria y artista. Pudo vivir “represión”, aseguró.

“Protestar no equivale a vandalismo, pero al parecer durante ese y los otros días de paro esos conceptos fueron confundidos”, criticó el excandidato a alcalde de Guayaquil Eduardo Argudo, quien también acudió a las manifestaciones.

Argudo, conocedor de Derecho Penal y catedrático de la Universidad de Guayaquil, invitó a analizar si los actos delincuenciales que se produjeron fueron consecuencia de concentrar todo el contingente de las Fuerzas Armadas para “reprimir al protestante”.

La Corte Constitucional fue clara con Ecuador, recordó. “No se puede afectar el derecho a la protesta, asociación o resistencia pacífica, ni siquiera en estado de excepción. Eso no se respetó y es atentar contra la democracia”, criticó.

“El gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart, entiende de una manera restrictiva los derechos de las personas”, apuntó por su parte el constitucionalista Xavier Flores.

En una rueda de prensa a inicios de la semana pasada, la Defensoría del Pueblo notificó que está en curso una investigación para determinar si hubo violaciones de los derechos humanos durante el paro, ante ciertos episodios de la Policía considerados como un uso excesivo de la fuerza en las manifestaciones.

A fecha de cierre 13 de octubre, el día en que se llegó al acuerdo con los indígenas, se contabilizaban 1.192 personas aprehendidas. De esa cifra, alrededor de 400 pertenecen a Guayas. Defensoría calificó que de esas aprehensiones, el 76 % no fueron procesadas y, por ende, fueron arbitrarias e ilegales.

Además, se señaló que la cifra de ocho fallecidos se registró durante los días de huelga, en manifestaciones, esto aunque la ministra de Gobierno, María Paula Romo, apuntó a otros motivos.

Hay también 1.340 personas heridas entre civiles y uniformados y algunos de los casos son lesiones permanentes, como pérdida de un ojo, quemaduras graves o incrustación de perdigones en rostro y cuerpo.

Al respecto, el gobernador del Guayas ha dicho que de determinarse que hubo abuso de efectivos se tomarán las medidas necesarias para que los agentes sean castigados de acuerdo a la ley.