La causa de Ronaldinho Gaúcho, el preso más famoso de Paraguay, pasó de ser primera página en el país sudamericano a quedar opacada por el COVID-19, que deja ya tres muertes y a la población recluida en sus casas cumpliendo las medidas de aislamiento social decretadas por el Gobierno.

Ronaldo y Roberto de Assis Moreira, su hermano y encargado de sus negocios, cumplen hoy miércoles, 25 de marzo, 19 días de prisión en la sede policial de la Agrupación Especializada, en Asunción, donde ingresaron tras ser imputados por uso de documentos públicos de contenido falso.

Con Paraguay enfocado en la lucha contra el COVID-19, ante la constancia de que el sistema de salud pública colapsaría con una diseminación a gran escala de los casos, lejos han quedado los días en que el exjugador del Barcelona acaparaba el espacio informativo en la mayoría de los medios de un país donde el fútbol es parte de la realidad diaria.

Primero con su ingreso en el aeropuerto internacional de Asunción, a donde llegó el 4 de marzo junto a su hermano y fue recibido entre una multitud de aficionados y las principales cadenas y medios para cubrir ese acontecimiento.

Pocos días después con los focos puestos en su detención, al descubrirse que ingresó con pasaporte paraguayo auténtico, pero de contenido falso (manipulado). Y posteriormente con todos los medios desplegados para cubrir su comparecencia en las dos audiencias judiciales en el Palacio de Justicia, que ratificaron la prisión preventiva.

El exinternacional brasileño cumplió 40 años el pasado 21 de marzo en la Agrupación Especializada, en la que también cumple prisión preventiva un referente del fútbol de Paraguay, Ramón González Daher, expresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) e imputado por presuntos delitos de usura y blanqueo de dinero.

De hecho, la atención mediática más reciente se remonta a esa efemérides, en la que Ronaldinho fue agasajado con una comida por algunos internos, pero para retirarse al poco rato a su celda y sin mucho talante de celebración, según informaron testigos.

La aparición del coronavirus en Paraguay se ha traducido, además, en nuevas medidas para toda la población carcelaria, a la que se le ha restringido las visitas, que en el caso de Ronaldinho ahora se limitan a sus abogados.

Los movimientos de la defensa de Ronaldinho pasarían ahora por solicitar una nueva revisión de medidas para sortear esa prisión preventiva y lograr un arresto domiciliario, ya rechazado antes por el juez y al que también se opone la Fiscalía.

La perspectiva de pena para los dos hermanos alcanzaría hasta los 5 años de cárcel.

La incertidumbre llamada Dalia López

Mientras el tiempo pasa, una de las interrogantes en las que se encuentra la causa se debe a la situación de rebeldía de Dalia López, la empresaria paraguaya que recibió a Ronaldinho en el aeropuerto y que le contactó para prestar su imagen a una campaña de sanidad gratuita para niños y niñas en Paraguay.

López, en paradero desconocido y bajo orden de captura internacional, no se ha presentado a ninguna de las audiencias de imposición de medidas

Para su última ausencia alegó precisamente el peligro a contraer el coronavirus, ya que según sus abogados padece hipertensión y diabetes.

Los abogados de López presentaron el martes 24 de marzo una apelación para revocar esa declaración de rebeldía, cuyo trámite fue rechazado 24 horas después por un juez, según informaron los medios locales.

La empresaria está señalada por el Ministerio Público como supuesta cabeza de una red dedicada a "facilitar la elaboración y utilización de documentos de identidad y pasaportes de contenido falso".

López era prácticamente una desconocida para el gran público paraguayo hasta que recibió personalmente a Ronaldinho el día de la llegada de este al aeropuerto, y de quien no se despegó en ningún momento.

Sus abogados aseguran que la empresaria se limitó a encargar a unos gestores privados el trámite para conseguir documentos legales paraguayos a los dos hermanos ante la posibilidad de que establecerían negocios en Paraguay.

La investigación alcanza a más una decena de imputados y tiene también en el punto de mira por presunta corrupción interna al Departamento de Identificaciones, que expide los pasaportes y las cédulas nacionales de identidad.