Violencia de género: una política pública con escaso presupuesto
El Gobierno anunció que destinará $ 24 millones por los próximos cuatro años para la prevención La mayoría del dinero va a la atención y planes de prevención
En el contexto de la pandemia, las políticas públicas para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres se han caracterizado por contar con recursos escasos, poca presencia estatal en varias provincias y falta de articulación institucional.
Es parte del diagnóstico realizado por la propia Secretaría de Derechos Humanos, entidad que en los últimos dos años ha manejado un presupuesto anual que no supera los $ 9,5 millones y que es casi el 50 % de los 18,7 millones con los que contó en 2019.
De igual manera, el programa para la prevención y reducción de la violencia de género de esta Secretaría sufrió en 2020 un ajuste presupuestario del 52 % y para este año contó con $ 631.797, según datos del Ministerio de Finanzas. No obstante, la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, asegura que el presupuesto anual para prevención y atención ha sido de $ 1,5 millones, incluyendo el aporte de la cooperación internacional y los gastos corrientes.
Pero estos recursos se han quedado cortos, en un año donde se ha recrudecido la violencia de género. Las estadísticas de Fundación Aldea muestran que 172 mujeres y niñas murieron de manera violenta por razones de género, hasta el 15 de noviembre. Por diferencias de criterios, el Consejo de la Judicatura registró solo 60 femicidios hasta el 21 de noviembre. Sin embargo, no deja de alarmar que, en total, la entidad contabilizó 208 víctimas mujeres de muertes violentas, la cifra más alta de los últimos cinco años.
La Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (febrero, 2018) dispuso la creación del Registro Único de Violencia (RUV). Tres años y medio después de promulgada la ley, el Gobierno anunció la puesta en marcha del RUV. El proyecto se encuentra en fase de prototipo y se prevé que esté listo para marzo del 2022, indica Ordóñez.
La norma también estableció la creación del Sistema Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, conformado por 22 instituciones. Para la secretaria de Derechos Humanos, el nudo más crítico del Sistema, que opera desde 2018, ha sido la falta de articulación entre las diferentes instituciones y funciones del Estado.
Esa falta de articulación -detalla Ordóñez- también se observa en la poca presencia de servidores públicos para atender la violencia de género en zonas con altos índices de violencia como las fronteras norte y sur del país, la Amazonía, Azuay, Guayas, Pichincha y Manabí. “Tenemos 99 personas a nivel nacional para atender la violencia, es muy poco”, dice en referencia al Servicio de Protección Integral (SPI), que cuenta con 45 oficinas en el país.
Rocío Rosero, coordinadora de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador y exsubsecretaria de Prevención y Erradicación de Violencia contra Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes de la Secretaría, señala que hasta mediados del 2019 laboraban en los SPI 290 personas. “Se recortó sin ninguna lógica, ahora no hay abogados”.
El proyecto estrella con el que el Gobierno se plantea fortalecer la atención a las mujeres víctimas de violencia son los Centros Violeta, en los cuales se articulará el trabajo con otras instituciones del Estado y con las casas de acogida y centros de atención de la sociedad civil para evitar la revictimización, explica Ordóñez. La meta es implementar al menos un centro por provincia. Para lograrlo y trabajar en acciones de prevención, el Gobierno destinará un presupuesto de $ 24 millones por los próximos cuatro años.
Arístides Vara, consultor del programa Previmujer de la Cooperación Técnica Alemana - GIZ Ecuador, considera que hay una desproporción entre el costo de la violencia y lo que se destina a la prevención. Según un estudio de la GIZ (2020), la violencia de género le ocasiona al país un costo de $ 4.608 millones, el equivalente al 4,28 % del PIB.
“El Estado durante los últimos años nunca ha sido preventivo. Casi 98,3% de los recursos se ha destinado a las consecuencias”, señala Vara, quien reconoció que la Ley es muy avanzada, pero no ha contado con el presupuesto adecuado. La representante de la Coalición de Mujeres del Ecuador coincide en que la prevención no es parte de las políticas públicas.
EL DETALLE
Costo. Según el programa Previmujer de la Cooperación Técnica Alemana, dice que la violencia contra la mujer le ocasiona al país un costo del 4,2 % del PIB.
- Una violencia estructural
La legislación ecuatoriana reconoce siete tipos de violencia: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica, política y gineco-obstétrica. De cada 100 mujeres en Ecuador, 65 han experimentado por lo menos un hecho de violencia a lo largo de su vida, de acuerdo con la Encuesta de Violencia contra las mujeres (2019), del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Según los resultados preliminares de un estudio que lleva adelante Previmujer en empresas privadas del Ecuador, la violencia económica se ha duplicado. Vara explica que se trata de uno de los tipos de violencia más invisibles y que, por razones culturales, en ocasiones las mujeres no distinguen que la sufren. Esta se puede presentar mediante la sustracción o retención de bienes o del sueldo, justificando que forman parte del hogar; la destrucción violenta de documentos u objetos personales; entre otras formas.
