Más reparos a las 33 auditorías a los contratos de Odebrecht que se ejecutaron durante la gestión de Carlos Pólit en la Contraloría. Las actuales autoridades de ese organismo alistan tres informes con indicios de responsabilidad penal (IRP), que se desprenden de una reexaminación a reportes aprobados entre 2013 y 2016.

Según conoció EXPRESO, el último jueves se preparaban esas denuncias, que se sumarán a las otras 10 que fueron remitidas a la Fiscalía en la presente semana para las investigaciones correspondientes.

Lo 10 primeros informes IRP se derivan de la revisión de igual número de exámenes especiales (ver infografía) y no se descarta que la Contraloría en los próximos días apruebe nuevas notificaciones sobre presuntas irregularidades penales.

Al ser consultada por EXPRESO sobre este caso, Odebrecht señaló que no ha sido notificada oficialmente sobre la emisión de esos informes IRP.

“Reiteramos nuestra disposición a continuar colaborando con el Estado ecuatoriano en cualquier investigación derivada del acuerdo de cooperación eficaz suscrito, así como en cualquier otra investigación”, indicó la empresa.

Como este Diario informó ayer, las auditorías reconsideradas son sobre 10 contratos suscritos con la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP), Ecuador Estratégico, Secretaría Nacional de Agua (Senagua), Petroecuador y Refinería del Pacífico.

Tras asumir como contralor, Pablo Celi anunció, como una de sus primeras acciones, la revisión exhaustiva de todos los informes de auditoría que se habían realizado a la constructora brasileña, así como a los procesos de establecimiento de responsabilidades administrativas y civiles (glosas) y su posterior desvanecimiento.

Esos trabajos se realizaron en la Dirección de Auditoría de Proyectos y Ambiental (DyAPA) de la Contraloría, durante la administración de Pólit. En contra del exfuncionario, vinculado hoy a la trama de corrupción de Odebrecht, se ordenó arresto domiciliario, la incautación de sus cuentas bancarias y la prohibición de enajenar todos sus bienes.

El fiscal general, Carlos Baca, lo acusa de presuntamente haber solicitado a Odebrecht el pago de $ 10,1 millones a cambio de la entrega de informes limpios sobre los proyectos que ejecutó la constructora.

De ese monto, $ 6 millones habrían correspondido al desvanecimiento de glosas por la obra de la central San Francisco, y $ 4,1 millones por la aprobación de informes favorables respecto de la ejecución de otros cinco proyectos.

Estos últimos nombrados son los que entraron recientemente a análisis en la administración de Pablo Celi. Se agregó a ellos las obras para la pavimentación de la vía km 104, construcción del puente Gringo Pepe y mantenimiento de la vía Chontal, que pertenecen al proyecto Manduriacu.

Un justificativo de 25 páginas

Odebrecht publicó en su página web su respuesta pública a la decisión de Petroecuador de terminar unilateralmente el contrato de construcción del poliducto Pascuales-Cuenca.

La empresa brasileña se defiende y asegura que “esta obra fue terminada, se encuentra en plena operación y fue recibida oficialmente por EP Petroecuador, como consta en el acta de entrega-recepción provisional, suscrita en febrero 2017”.

La constructora adjunta un informe de 25 páginas que, según afirma, fue entregado a Byron Ojeda, gerente general de Petroecuador, el 22 de septiembre.

En dicho documento se detallan aspectos que, de acuerdo con Odebrecht, muestran el real estado de la obra y explican las causas de los problemas presentados, “que en ningún caso corresponden a deficiencias técnicas constructivas”.