Jorge Glas Espinel —vicepresidente sin funciones y con prisión preventiva desde octubre del 2017— tiene que defenderse de algo más aparte de la asociación ilícita con Odebrecht por la que es investigado. La Contraloría General sancionó este viernes 27 de octubre con destitución predeterminada —notificación previa— al segundo mandatario.

De acuerdo al documento que se divide en tres partes, se confirma la responsabilidad administrativa de Glas, una multa de 20 salarios básicos que suman $5.840 y la destitución predeterminada como alto funcionario de la República. Todo esto se origina por su gestión como miembro del Comité de Licitación Hidrocarburífera en el 2012, particularmente como líder de Sectores Estratégicos

El informe ya se había emitido por Contraloría el 2 de agosto del 2017. La Fiscalía se dedicó a indagar al vicepresidente y 20 funcionarios más por peculado, entre ellos también constaba el exministro de Recursos No Renovables, Wilson Pastor. La familia de este último habría sido el directo beneficiario de la licitación del pozo petrolero Singue, ubicado en la Amazonía, que es el caso en el que están involucrados.

Lo que le queda: recurso de revisión

Los 30 días para mostrar pruebas de descargo para anular la destitución ya terminaron. Es por esto que la nueva notificación la recibió en la cárcel número 4 de Quito y la única figura a la que puede acogerse ahora es el recurso de revisión, para el que tiene 60 días más.

La defensa se aferra

El mismo 27 de octubre, pero en horas de la mañana, Eduardo Franco Loor, quien lleva la defensa de Glas, informó de que una solicitud de medidas cautelares —que buscan asegurar derechos de personas detenidas— hacia organismos internacionales.