Asamblea Nacional
Dato. En octubre pasado organizaciones expusieron en la Asamblea un estudio sobre la regularización y visas.Crédito: Organización Yo Te Apoyo

Venezolanos en Ecuador: el tercer intento para ‘ser legales’

En solo tres días se registraron 495 solicitudes. Organizaciones esperan que no se cometan los errores de procesos anteriores

Desde el pasado lunes 25 de noviembre se habilitó la plataforma serviciosdigitales.cancilleria.gob.ec para que la población migrante venezolana en Ecuador inicie un nuevo proceso de regularización. Sin embargo, no todos pueden aplicar.

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El Decreto Ejecutivo 370, firmado por el presidente Daniel Noboa en agosto pasado, establece que solo podrán hacerlo quienes no lograron obtener la Visa de Residencia Temporal de Excepción (Virte), de trabajo u otras disponibles en el país debido a la falta de documentos necesarios para acceder al beneficio.

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Obtener la visa Virte II es un proceso aparte de las jornadas de renovación de la Virte emitida durante el gobierno de Guillermo Lasso, la cual tenía una vigencia de dos años y la posibilidad de renovación por otros dos años. Este proceso se cumple desde agosto.

Ineficiencia en gestión de Gobierno de Venezuela

¿Por qué se aceptó esta medida? Primero, porque el gobierno de Venezuela no es eficiente en la entrega de documentos a los solicitantes que están en otra nación. Segundo, porque con el cierre de los consulados en Ecuador, los migrantes deben viajar a un país con sede diplomática. Pero si no tienen documentos en regla, tampoco pueden salir de Ecuador para efectuar el trámite.

El decreto establece que pueden participar quienes tengan una cédula venezolana caducada hasta cinco años. Sin embargo, también se les exige un certificado de no tener antecedentes penales. También, el registro de permanencia migratoria, el certificado de patria potestad para quienes pretendan regularizar a menores de edad, además de otros requisitos según el caso.

PROCESOEn Ecuador se han dado varios procesos para regularizar a la población migrante, pero han sido insuficientes.

El costo del proceso es de 50 dólares más 10 dólares por la emisión de la cédula, y estará disponible hasta el mes de abril. La Cancillería de Ecuador informó a Diario EXPRESO que, en los primeros tres días, 495 personas aplicaron para la visa Virte II.

Organizaciones respaldan la medida. Estiman que cerca de 90.000 personas podrían aplicar, pero no todas lo lograrían debido a que las respuestas de la cancillería venezolana demoran hasta un año. Sin embargo, aplauden la iniciativa porque podría reducir el margen de indocumentados en el país. “El tema aquí son los que se van a quedar por fuera. Lo ideal habría sido que se acepten documentos vencidos de hasta 10 años”, expresa Betzabeth Jaramillo, de la organización Yo Te Apoyo.

Andrea Endara, coordinadora de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Casa Grande y experta en Globalización y Desarrollo, dice que la verdadera interrogante es saber qué hará el gobierno ecuatoriano con aquellos que no pueden aplicar al beneficio, ya que “la medida es clara y restrictiva: tienes o no los documentos”.

Recuerda que desde 2019 se han iniciado procesos similares, pero todos han quedado incompletos. Y añade que conforme pasa el tiempo, estas personas son cada vez más ignoradas, incrementándose así la cantidad de indocumentados por otras vías. “¿Qué va a pasar después de abril? ¿Habrá persecución a indocumentados? Hay gente que no se regulariza porque simplemente está excluida, no porque no quiera hacerlo. Tenemos población invisible en todo el país, familias binacionales con menores ecuatorianos. Ya hay operativos en los que se multa por no tener papeles. ¿Y cómo paga la multa alguien que vive en la irregularidad y subsiste de lo informal?”, cuestiona.

Endara señala que Ecuador no realiza un trabajo integral ni brinda la debida atención al tema porque tiene otras prioridades. Sin embargo, insta a no descuidar el tema, ya que el país ha recibido fondos de gobiernos y organismos internacionales. “Ecuador otorga visas y realiza estas ayudas porque ha adoptado compromisos internacionales y es firmante de convenios. A largo plazo, podría perder esos fondos si no cumple con las metas establecidas. Estos recursos llegan con contratos e indicadores que deben ser cumplidos y demostrados con evidencias”, puntualiza.

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