Están decididos a impedir que la adicción a las drogas y otras actividades negativas toquen las puertas de sus hogares y les arrebaten los sueños a sus niños y adolescentes. Los habitantes de la ciudadela Guayaquil, situada en el norte de la urbe, entre las avenidas de las Américas y Plaza Dañín, tienen un plan para que ese mal, del que la urbe no se cura y, por el contrario, empeora, no los atormente.

“Impartir de manera gratuita talleres de artesanías, cursos de inglés, de canto, corte y confección, primeros auxilios, terapias psicológicas, psiquiátricas, control de adicciones, prevención de enfermedades, entre otros, para mantener a nuestros jóvenes ocupados con pensamientos positivos”, explica Luis Cajas, médico y presidente de la Asociación de Residentes de esa urbanización, en la que viven 400 familias.

Como él, al menos 50 moradores del sector apoyan la iniciativa con firmas y reuniones. Vecinos profesionales en diferentes áreas serán los encargados de brindar los distintos talleres.

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Pero la idea, que nació con la administración de Cajas, que pronto cumplirá dos años, aún no se ejecuta. ¿La razón? El salón comunal donde se reúnen los moradores a planificar el proyecto no tiene el espacio suficiente.

Esa casa de la ciudadela está en un solar de mil metros cuadrados, pero ocupa solo una parte de este, un poco más de la mitad. El resto de la superficie está ocupado por carros y maquinaria pesada.

Para hacer efectivo su plan, los moradores han tenido dos opciones: hablar con los dueños de las maquinarias y pedirles que retiren los carros; o solicitar al Municipio de Guayaquil, a través de la Dirección de Acción Social y Educación (DASE), su intervención y mediación para que el área comunal total regrese a la mayoría.

Ya han intentado ambas alternativas, aseguran. Y están esperanzados en la segunda.

“Los exadministradores les alquilaron el lugar a los dueños de esas maquinarias, que sabemos son dos personas, y con el dinero que pagaban se cubría parte de los costos de la casa comunal. Sin embargo, hace mucho tiempo que ya no pagan y están obstaculizando nuestro proyecto. Les hemos pedido que desalojen, pero no lo hacen. Para evitar enfrentamientos le pedimos al Municipio que intervenga y estamos esperando una respuesta”, cuenta Enrique Pulla, otro residente.

Además, para que ellos puedan ejecutar su plan, el cabildo, a través del Departamento de Urbanismo, no solo debe mediar, sino darles un comodato, que es el permiso por 25 años que justifica la ocupación del espacio por ayuda a la comunidad.

La semana pasada en una reunión, le mostraron a una delegada del Municipio el proyecto, a través de diapositivas. Ella recogió firmas, copias de cédulas y de planillas de servicios básicos de los vecinos que apoyan el plan, e indicó que la respuesta llegaría luego. Los residentes pidieron, además, apoyo para la construcción de los talleres.

Otra de las razones por las que los moradores de esta ciudadela quieren el comodato es para tener un lugar de encuentro y diversión sana entre vecinos. Están a la espera de una respuesta.