No rendirá Norma Vallejo sus pruebas de descargo ante la comisión parlamentaria que la investiga. Por escrito desconoció su autoridad y se excusó de asistir. No por eso se mantiene menos pendiente de lo que ocurre en su seno: en primera fila, una de sus asistentes chatea incansablemente con ella y la mantiene al tanto de lo que ocurre. Y lo que ocurre, con seguridad, no le gusta nada. Ayer, cuatro de sus antiguos asistentes (aquellos que la han denunciado ante la Fiscalía) la pusieron verde. Entre sus testimonios, las capturas de pantalla con chats vía WhatsApp que aportaron, el alegato de su abogado y el audio de tres horas de duración que los integrantes de la comisión se dieron el trabajo de escuchar completo, todo parece indicar que la oficialista está perdida.

Concusión, enriquecimiento ilícito, perjurio, defraudación tributaria, peculado menor, extorsión... La lista de delitos de los que la acusa el abogado Felipe Rodríguez es larga. Le faltó uno que no consta en el Código Penal pero sí en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, donde figura como causal de destitución para un asambleísta: gestionar cargos públicos. A lo largo de la sesión, con cada nuevo testimonio de sus exasesores, fue quedando cada vez más claro que Norma Vallejo utilizaba la capacidad gestionadora de Moisés Obando para ubicar personas en distintos cargos en el sector público. Y que, con los mismos fines, recibía carpetas de gente que colaboró con ella en su campaña electoral. Centenares de carpetas. Tantas, que las cajas de cartón que las contenían se apilaban en el baño de su oficina.

Compareció Carlos Robles, que fue su asesor jurídico hasta septiembre de 2017. El Carlitos a quien, en el audio, Vallejo explica que los pagos tienen que hacerse en efectivo. 300 dólares mensuales le sableaba de su salario la legisladora oficialista. Y le servía de chofer: “aunque ella lo niegue”, dijo.

Compareció Norma Villavicencio, que arrancó como asistente, pagando 150 dólares mensuales y terminó como asesora 2, cancelando 1.000 dólares en efectivo. Ella recuerda que el dinero servía para cubrir los eventos con trabajadores de la salud en los que la asambleísta promocionaba su imagen. Día del Niño, Día de la Madre, Día de la trabajadora obstetra... Flores, homenajes condecoraciones... La campaña perpetua.

Compareció Doris Vaca, cristiana practicante que se descomponía cada vez que Norma Vallejo repartía bendiciones. Pagaba 250 al mes y llegó a saber que algunas de esas aportaciones eran para cubrir deudas de la asambleísta. Deudas de campaña. Sí, corroboró Norma Villavicencio: algunas de las cuentas bancarias cuyos números les enviaba por WhatsApp para que depositaran en ellas parte de sus sueldos “eran cuentas de personas a las que (Vallejo) debía dinero”.

Compareció Martín Campos, que pagaba 150 dólares y trajo más capturas de pantalla de chats mantenidos con Vallejo, incluida una en la que aparece el número de cuenta de su hijo Davidcito. Campos dijo haber pagado un pasaje de avión para la asambleísta y su marido y hasta una cuota de su hipoteca.

Hasta Noralma Zambrano, integrante de la comisión y coidearia de la acusada, parecía descompuesta. Después de todo, los testimonios apuntan a que Vallejo estafó hasta a su partido. A sus asesores les decía que la plata era para pagar los aportes a Alianza PAIS, pero todos ellos testimoniaron cómo el recaudador del movimiento iba a su despacho cada mes y se quejaba de las cuotas pendientes.

Se niega a defenderse

Norma Vallejo cree que la comisión que la investiga no tiene autoridad para hacerlo. Porque los temas de recaudación de cuotas para su partido, dijo en un oficio, son competencia del Consejo Nacional Electoral. Porque Ana Galarza, una de sus integrantes, adelantó su criterio y eso la descalifica. Además, cree que su testimonio ante la comisión puede perjudicarla ante la Fiscalía.