El caso de Orlando Pérez nos lleva a reflexionar sobre algunos temas. En primer lugar, recordarnos que el tema de violencia contra la mujer es un asunto de orden público, no privado. Tema vinculado íntimamente a los derechos humanos y parte del compromiso social en cambiar estereotipos y prejuicios.

El segundo tema, la protección del Gobierno a ciertos funcionarios y su plazo de expedición. Me explico. Llama la atención que han venido deshaciéndose de personajes que por su desempeño tienen una imagen desagradable, no amable. Cambió de puesto el exsecretario de Comunicación para que la gente vayan olvidándose de las cadenas insultadoras. Ante el escándalo de corrupción de petróleo expiden a un asambleísta de AP “licencia para perseguir” al fiscal, quien, al igual que otros cercanos al presidente, tiene muchas deudas pendientes con la sociedad. Desde el caso de Pedro Delgado, pasando por la lentitud de dar trámite a informes de Contraloría General del Estado con índices de responsabilidad, como los treinta y tres informes por gestión del prefecto Jairala, amigo de este Gobierno. Tampoco inició investigación a Orlando Pérez ante denuncia de Martha Roldós por “hackeo” a su correspondencia y su publicación en El Telégrafo en enero del 2014. Nadie hizo nada ante la desobediencia de Pérez a las varias citaciones a confesión judicial por ese mismo tema. No hubo llamado de atención, menos fuerza pública que lo llevara a la Judicatura.

Pero estamos en campaña, la cosa cambia. Saben que la gente se les cansó de tanta insultadera e impunidad. Entonces ahora ruedan boletines de apoyo a los derechos de las mujeres y comentarios sobre que Pérez dejará el diario. ¿Por qué nadie dijo nada en otras supuestas violaciones de O. Pérez y otros?

Porque, al parecer, la embarcación AP no se mantiene a flote, no les queda otra cosa que echar al agua a los que se mueven haciendo ruido y así no se hunden tan rápido. Al fin del día, usados, como desde el principio. La lista crece.

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