La Universidad de Guayaquil espera evaluacion en septiembre
La valoración abarcará hasta el primer semestre del 2018. La Junta Consultiva conoció trabajo de la alma máter.
Desde septiembre próximo, la Universidad de Guayaquil será evaluada por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Caces), anteriormente Ceaaces, dentro del proceso que aplicará a las universidades y escuelas politécnica del país para su acreditación.
La valoración abarcará hasta el primer semestre del 2018; es decir que no contemplará el periodo de intervención de la alma máter, que empezó en octubre de ese año.
La información fue dada a conocer, el viernes 28 de junio de 2019, por Roberto Passailaigue, rector y presidente de la Comisión de Intervención y Fortalecimiento Institucional (CIFI), durante la quinta reunión de la Junta Consultiva que se desarrolló en el salón amarillo de la vieja Casona Universitaria. Allí asistió Catalina Vélez, presidenta del Consejo de Educación Superior (CES).
Passailaigue señaló que ha pedido al Caces que cumpla con su trabajo y que le otorgue a la universidad la acreditación que le corresponda.
Esa evaluación va a ser la línea base para conocer cómo se encontró a la universidad que hasta los primeros días de octubre del 2018 estuvo manejada por las autoridades anteriores.
“Necesitamos transparentar; no queremos ocultar nada; sea cual fuere el resultado de la evaluación, el organismo de control tendrá que decir cómo encontró a la universidad porque de allí en adelante tenemos que construir”, indicó el rector.
La autoridad universitaria explicó que la labor de la comisión interventora es evaluada mensualmente por el CES. “Cuando termine nuestro periodo serán las nuevas autoridades las que deberán continuar con la línea señalada y el CES deberá seguir un proceso posintervención para constatar que se cumplan con determinados parámetros”, acotó.
Por su parte, la representante del CES destacó el trabajo de la CIFI en el área académica, administrativa y financiera, avances de investigación y vinculación con la sociedad.
Dijo que en términos generales ha cumplido lo planificado en el plan de trabajo que fue aprobado por el organismo de educación superior para el proceso de intervención.
Resaltó que los procesos de planificación académica han avanzado y que actualmente la universidad cuenta con 25 programas de maestrías aprobadas (antes tenía 10 en funcionamiento) y que además trabaja mucho en la investigación.
No obstante, reconoció que el proceso de recategorización docente se ha visto un poco aplazado, ya que este requiere una asignación presupuestaria específica y que debido al momento de austeridad que vive el Estado, se lo ha tenido que replantear con una temporalidad distinta.
En la reunión de la Junta Consultiva también se abordó la declaratoria de la emergencia de la alma máter, dispuesta el 29 de mayo pasado, en los ámbitos de la seguridad interna y protección de los miembros de la comunidad; en la seguridad jurídica y en la parte financiera.
El rector informó que hasta el momento el Ministerio de Finanzas no entrega a la institución los $ 17’000.000 que le adeuda. Con eso pondría en marcha el plan integral de seguridad interna, cuya primera fase costaría $ 800.000. La cartera de Estado solo ha desembolsado 150.000 dólares.
El plan contempla la instalación de torniquetes y plumas en cuatro puertas de entrada a la ciudadela Salvador Allende, entrega de credenciales para estudiantes, profesores y empleados, colocación de cámaras conectadas con el sistema ECU-911, la reestructuración de la unidad interna de vigilancia y el reordenamiento de los comerciantes.
En la reunión se conoció que el 12 de julio habrá un evento académico para repensar el sistema de educación superior en el país, con miras a encontrar soluciones a determinados aspectos que puedan mejorarse. A la cita vendrán expertos extranjeros.
En cuanto al Hospital Universitario, los miembros de la Junta Consultiva insisten en seguir haciendo gestiones para recuperarlo. Para ello han pedido una reunión con el presidente de la República, Lenín Moreno, quien en octubre del 2018 se comprometió a devolver el nosocomio a la universidad.
