Hay preocupación en los vendedores informales de la Universidad de Guayaquil, ante el anuncio de desalojo.

La Universidad de Guayaquil desalojara de sus predios a vendedores informales

Las autoridades otorgan 48 horas de plazo para que los autorizados presenten documentos.

La Universidad de Guayaquil anunció este lunes 3 de junio de 2019 que desalojará a los vendedores que de manera ilegal estén invadiendo los predios de este centro de estudio superior.

Esta medida forma parte del plan de seguridad integral interna que la alma máter implementará, dentro de la situación de emergencia adoptada el miércoles 29 de mayo, luego del atentado terroristas ocurrido en el parqueadero de la Facultad de Ciencias Médicas, donde un vehículo explotó y otros dos sufrieron daños.

Roberto Passailaigue, rector de la universidad y presidente de la Comisión Interventora y Fortalecimiento Institucional (CIFI), ha concedido el término de 48 horas para que las personas que estén autorizadas en legal y debida forma a ocupar espacios al interior de la Universidad de Guayaquil para cualquier tipo de negocios, venta, prestación de servicios, etc., presenten en la Dirección Administrativa el justificativo correspondiente que acredite la legalidad del uso.

“Las personas que de manera ilegal estén invadiendo los predios de la universidad y hubieran montado carpas, carretillas o cerramientos, deberán retirar sus equipos, materiales e implementos, y salir de los predios universitarios dentro del mismo término. De no hacerlo, la próxima medida será el desalojo”, advirtió el rector.

El directivo ratificó que durante el tiempo de la intervención (desde octubre 2018), no se ha concedido autorizaciones o permiso a ninguna persona, para que utilice los predios universitarios en actos personales o de comercio. “Por tal motivo si alguien les hubiera otorgado algún documento para el uso de las instalaciones universitarias, es ilegal y deberá desalojar el lugar que se encuentra invadiendo”, enfatizó, al tiempo de conminarlos a que presenten las denuncias penales respectivas ante las autoridades pertinentes, en contra de las personas que le hubieran otorgado dicho documento por favores, cobro de honorarios o dinero.

En la universidad hay vendedores que aseguran estar pagando cuotas mensuales a los administradores de la facultad donde ellos están instalados.

Mientras que otros señalan que en los últimos tres años no han cancelado cánones de arriendos porque las administraciones anteriores no les quisieron cobrar hasta que se realizará un censo que nunca se desarrolló.

Sin embargo, hay una decena de dueños negocios que aseguran estar al día en los alquileres del uso de instalaciones.