La Universidad de Guayaquil

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La Universidad de Guayaquil

La pugna por el rectorado de la Universidad de Guayaquil ha vuelto a poner en duda la manera en la que se manejan los procedimientos internos con respecto a la solución de conflictos, una vez que la situación de su principal autoridad aún no está resuelta.

El hecho de que la Policía haya tenido que resguardar el edificio administrativo para evitar desmanes entre simpatizantes de los dos bandos, recuerda aquellos tiempos en los que todos los problemas de la educación se resolvían mediante la violencia, dejando al alumnado en un estado de indefensión.

Fue precisamente ese ambiente de caos y las denuncias de malos manejos académicos y administrativos los que provocaron la intervención del gobierno anterior, el cual en un primer momento categorizó al centro de estudios más grande del país, con cerca de 60.000 estudiantes, en la última escala de evaluación de las universidades ecuatorianas.

Luego de muchos esfuerzos por reorganizar las facultades, mejorar el pénsum y capacitar a los profesores para elevar los niveles de enseñanza, el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces) la ubicó en la categoría B, noticia que fue recibida entre aplausos y gritos de autoridades y estudiantes, quienes festejaron en una extensión de la Facultad de Filosofía, en el norte de la ciudad.

Pero la algarabía duró muy poco y el camino hacia la excelencia, que un día se trazó para estar entre los centros de educación superior más prestigiosos, se truncó por nuevas denuncias tras la supuesta emisión de títulos irregulares en la facultad de Jurisprudencia.

Una universidad con autoridades cuestionadas e inestables no garantiza el adecuado desarrollo de quienes serán los profesionales del futuro. Si hay indicios de actos de corrupción, los implicados tienen la obligación moral y ética de responder ante la justicia de inmediato.

Por eso urge que prime la transparencia y que todas las dudas en torno a sus líderes se disipen, para que las diferencias se resuelvan en un ambiente saludable y democrático, por el bien de una sociedad que demanda un sistema educativo de calidad. La estatal no puede regresar a la época de los tirapiedras.