En un hecho que probablemente no tiene antecedentes históricos, la Asamblea Nacional autorizó el proceso penal contra el vicepresidente de la República.

La lectura de este hecho tiene diferentes matices según sea el sector donde se lo analiza.

El bloque al que se llama oficialista se puede decir que tuvo las siguientes motivaciones: dar al exterior la impresión de que no hay problemas internos en el que fue partido de gobierno; aparecer como si fueran independientes de cualquier mal manejo de los fondos públicos y permitir al vicepresidente que incurra en los medios de comunicación con una defensa muchas veces sesgada y siempre apasionada. En conclusión, ese bloque queda identificado con una nueva falsa postura.

En cuanto al bloque al que se sigue llamando de oposición, los motivos de su postura son demostrar que el gobierno anterior cometió una serie de desafueros que siempre se ocultaron o se mantuvieron encubiertos.

Va el proceso a las instancias judiciales correspondientes y todavía correrá un buen tiempo para que se pronuncien resoluciones definitivas. Hasta tanto seguirá investigándose mucho de lo acontecido en el transcurso de toda una década en la que la llamada revolución ciudadana ejerció un poder absoluto. Y contó siempre con la defensa del expresidente de la República.

Superados estos obstáculos y aunque todavía hay una mano extraña en la justicia, es posible que algo de lo mucho que hay que esclarecer se divulgue, y entonces se podrá efectuar un balance justo de lo que fue y no fue el largo gobierno de esa llamada revolución ciudadana.

Hasta entonces, el nuevo régimen tiene la obligación de esclarecer los malos manejos y de actuar con la debida honestidad y transparencia.

El presidente Moreno está abierto al diálogo, pero el diálogo no puede ser todo cuanto hay que examinar, pues los hechos dolosos cometidos por funcionarios del anterior gobierno son tan graves que su olvido implicaría una falta grave de honestidad.