Sobre el anuncio del Gobierno Nacional de regular las plataformas digitales de transporte, a través de un comunicado, Uber rechazó cualquier tipo de cuestionamiento que surja acerca de la legalidad de la aplicación en Ecuador.

“El principio de neutralidad de la red garantiza que los contenidos no puedan ser bloqueados y que se respeta el libre tráfico de datos e información en la web. Este principio es parte fundamental del derecho a la libertad de empresa, de expresión y de la libre competencia que hace parte del marco jurídico del Ecuador”, precisó el documento.

El escrito agregó que las interpretaciones que se han generado surgen como consecuencia de la falta de un marco regulatorio claro que reconozca —como asegura ha pasado en otras 135 jurisdicciones alrededor del mundo— el Servicio Privado de Transporte Intermediario por Plataformas como categoría diferente al Transporte Público.

Para Óscar Cadena, director de Asuntos Públicos para la Región Andina, resulta vital reconocer entonces que los servicios intermediados por aplicativo y los servicios de taxi son diferentes en su naturaleza y funcionamiento.

Equiparlos o trasladarles condiciones propias de los modelos tradicionales equivaldría a volverlos inviables y, por esa vía, a privar a cerca de 240 mil usuarios y socios conductores de una opción de movilidad, emprendimiento y generación de ganancias adicionales, advirtió.

“En Uber reiteramos toda nuestra disposición a tender puentes con el Gobierno Nacional y demás actores involucrados en este tema para desarrollar, en un marco de colaboración y coexistencia, una reglamentación que promueva la libertad de elección, la calidad y la seguridad de los ciudadanos ecuatorianos como ejes de la movilidad moderna que el país merece y necesita. Así ha ocurrido en otros países de Latinoamérica y Ecuador no puede ser la excepción”, sentenció.

Luego de una reunión que duró más de tres horas, la Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Taxis del Ecuador, acordó con el viceministro de Transporte y Obras Públicas, Iván Carvallo, entre otros puntos, que las plataformas de servicios digitales no podrán funcionar si no están reguladas.

Para efecto de ello, advirtió Carvallo, se solicitará al Ministerio de Telecomunicaciones que analice la posibilidad de suspender a través del espectro radioeléctrico estas plataformas (Uber y Cabify) y a la Superintendencia de Bancos, que revise las forma en que se realizan los pagos por medio de tarjetas de crédito.

Asimismo, se prevé que el Servicio de Rentas Internas (SRI) controle la actividad y la Fiscalía, en cambio, investigue el problema identificado con respecto a la operación de plataformas tecnológicas no aprobadas.