La Corte Provincial de Pichincha ha decidido por unanimidad sustituir la prisión preventiva que pesaba contra el empresario Juan Pablo Eljuri Vintimilla por el uso del brazalete electrónico y por la obligación de comparecer cada 15 días ante la fiscal que lleva el caso del Saibank, Diana Salazar. También se beneficia de la sustitución de medidas Daniel Borja, otro de los implicados en la instrucción que nació a raíz de la investigación del caso Odebrecht por asociación ilícita por la que el vicepresidente sin funciones Jorge Glas está en prisión de forma cautelar.

Tanto Eljuri como Borja habían solicitado la apelación de la prisión preventiva que hoy ha sido conocida y resulta a favor de los implicados por el Tribunal de Alzada de la Corte, formado por la juez ponente Narcisa Pacheco y los magistrados Patricio Vaca y Javier Barriga. La decisión, según el abogado del Eljuri, confirma la solidez de sus argumentos.

Según la nueva disposición judicial, se colocará el dispositivo electrónico de localización en ocho días. El empresario, que se encuentra fuera del país en paradero desconocido, había solicitado, a través de su abogado, que se le retire la prisión preventiva que le había impedido asistir a las audiencias celebradas en septiembre para su vinculación a la investigación relacionada con la captación ilegal de dinero.

De acuerdo con la investigación fiscal, se utilizaba a la entidad Saibank, con sede en el paraíso fiscal de Curazao y que operaba bajo radar en Ecuador, para canalizar los sobornos de Odebrecht a los funcionarios públicos. En la instrucción del caso, se da cuenta de un movimiento de 153 millones de dólares desde las cuentas opacas de la entidad hacia el sistema financiero regulado.

Otra de las procesadas, María Paola Alvear, también vinculada y en prisión preventiva por haber sido empleada del Saibank, presentó en su día un escrito de apelación sobre la medida cautelar. En su caso, la autoridad judicial consideró como “no presentado” el escrito puesto que el trámite lo había realizado un abogado que no había cumplido los trámites procesales necesarios para ser parte procesal en representación de Alvear.

La Fiscalía ha rechazado en un comunicado, inmediatamente publicado tras la audiencia de apelación, que se haya “favorecido” a Juan Pablo Eljuri Vintimilla y a Daniel Borja procesados por la mencionada captación ilegal de dinero (artículo 323 del Código Orgánico Integral Penal). También se desmarca de la responsabilidad de la decisión que corresponde a los jueces del tribunal. La fiscal que ha llevado la instrucción del caso “desde hace meses”, Diana Salazar, ha recordado tras la audiencia que Eljuri estaba “prófugo” y que la investigación en torno a Saibank es clave en el caso Odebrecht para configurar el lavado de activos.

En el comunicado, se precisa que las transacciones del Saibank en Ecuador “habrían sido el mecanismo utilizado para que las personas dispongan de dinero en efectivo, cheques y transferencias sin levantar sospecha ni control o reporte alguno, lo que habría facilitado el pago de dinero ilícito a funcionarios públicos que actualmente son investigados por el caso Odebrecht”.

Para el abogado del empresario, la decisión del tribunal de alzada responde a que han conseguido desvirtuar con argumentos los elementos de convicción presentados por la Fiscalía. “Por ejemplo, dicen que el señor Juan Pablo Eljuri fue director del banco Saibank en Ecuador y demostré que no es cierto; que la UAFE (Unidad de Análisis Financiero y Económico), malutilizando y yendo más allá de sus funciones, determinó algo que no era cierto”, ha dicho tras ganar la apelación. “La Fiscalía ni siquiera ha demostrado de qué manera el señor Eljuri pudo hacer intermediación financiera para captar”, ha añadido para después aclarar sobre los 153 millones de dólares que estaban en una cuenta del Banco Capital que “esa cuenta se abrió para facilitar una operación de compra de cartera” y que ese “es un negocio absolutamente lícito y legítimo”.