Hubo denuncias, investigaciones y hasta informes con indicios de responsabilidad penal. Los contratos en sectores estratégicos pasan más de un filtro, pero en las denuncias de corrupción dentro de Petroecuador y en las obras pactadas con la empresa brasileña Odebrecht, dichos filtros fueron insuficientes.

¿Dónde estuvo la falla? Analistas y candidatos consideran que hay tres problemas en el país. El más importante, insisten, es la legislación reformada.

En 2010, por ejemplo, la Corte Nacional de Justicia estableció que, para iniciar una instrucción fiscal por enriquecimiento ilícito, era necesario un informe de Contraloría. Un paso que, a decir de los consultados, retrasó procesos y favoreció a los involucrados.

Mauricio Pozo, candidato a la vicepresidencia de la república por el Partido Social Cristiano, considera que el marco legal tolera a los corruptos. Él suma varios elementos: la eliminación de los informes previos, las contrataciones directas (sin licitación) y una justicia sometida manchan cualquier proceso contractual.

Según la Comisión Cívica Anticorrupción, los contratos entre países también evitan la transparencia. Ese es el segundo culpable a los ojos de Jorge Rodríguez, integrante de la comisión. Él pone como ejemplo los contratos con empresas brasileñas y chinas. Cuando el financiamiento es obtenido entre Estados, dice, las empresas ejecutoras son respaldadas por un gobierno.

El tercer elemento es ciudadano. Rodríguez asegura que en los últimos 20 años se instauró un “andamiaje legal” que hace parecer que la corrupción es normal. La gente, cuenta, cree que no es alarmante que un funcionario público robe si al final se cumple con una obra prometida.

La Contraloría no está de acuerdo y muestra resultados. Según su informe de labores, hasta septiembre, se presentaron 508 informes de la Dirección de Auditoría de Sectores Estratégicos. De esos, 95 tenían indicios de responsabilidad penal (ver cuadro).