Transparentar la gestion publica
No es grato asumir que la corrupción ha logrado adquirir dimensiones inusitadas. Menos todavía editorializar continuamente sobre el fenómeno. Sin embargo, hay que persistir en hacerlo para evitar que se vuelva, ese el mayor riesgo a superar, un asunto normal y por tanto, socialmente admitido. El día en que empecemos a decir a manera de interrogación justificante, tal cual ocurre en otros países de la región: ¿y cuándo no ha sido así? O con desenfado al tiempo que con desesperanza: “siempre han robado en todos los gobiernos”, entraremos nuevamente en una pendiente resbaladiza que nos conducirá, como acaba de ocurrir en la década recién pasada, a la pérdida de toda ética pública. Por ello, es obligatorio exigir una transparencia absoluta en las contrataciones públicas que, salvo excepciones ampliamente justificadas, no pueden seguir ocultándose bajo el velo de la emergencia o por “razones de Estado”.
Avergüenza a la conciencia nacional que ahora toda actividad de contratación, licitada o no, caiga bajo la sospecha de encerrar un negociado, una componenda. Necesitamos, a partir del manejo pulquérrimo del patrimonio público contribuir, con el ejemplo, al rescate ético de la sociedad, sin la certeza de que se lo conseguirá, reconociendo que la corrupción pública la enferma más.
