Uno de los atributos más relevantes que cada líder político que aspira a un cargo de elección popular debe tener es la coherencia con la que asume su vida pública y privada, las cuales no pueden ser contradictorias.

Esto es precisamente lo que hay que recordarles a los candidatos que pretenden imponer una política de pago de impuestos, pero que al mismo tiempo no declaran ni un solo dólar de lo que ganan al Servicio de Rentas Internas, mucho más en un país en el que se hace todo lo posible para evadir las responsabilidades tributarias.

Por eso es importante que los medios de comunicación pongan estos temas al debate, para que la sociedad exija transparencia a los políticos que intentan tomarnos el pelo con promesas vagas o con un plan de gobierno irreal y, en consecuencia, ineficiente. Sorprende que grandes empresarios y profesionales declaren impuestos que rayan en lo ridículo, ya que es evidente que llevan un elevado nivel de vida que debería reflejarse en el sistema. Ahí radica la ventaja de ser y parecer.

Hemos escuchado hasta la saciedad a expresidentes descalificar a sus adversarios por el nivel de impuestos que pagan, pero tampoco sabemos dónde, cómo ni en qué proporción lo hacen ellos. Esta debería ser una condición para, al menos, tener la suficiente solvencia para dirigirse a los electores, que ven con indignación cómo muchos se enriquecen a costa de sus bolsillos.

¿Cuál es la situación financiera actual de quienes pasaron por el poder y que están implicados o han sido nombrados en casos de corrupción? ¿Cumplen con sus obligaciones fiscales a cabalidad? De esto poco o nada se sabe.

Lo bueno es que actualmente existen formas lícitas de conocer el pasado y presente de quienes participarán en las elecciones seccionales del 24 de marzo próximo.

Sería un gesto noble si los más de 80 mil aspirantes ponen sobre la mesa sus estados financieros para saber a ciencia cierta cómo entran al cargo y así poder también fiscalizar su salida, con el fin de evitarnos un mal rato con esas sorpresas que no terminan de aparecer cuando de manejo de dineros públicos se trata.

Las autoridades deben controlar más estos temas, pero también denunciar a tiempo a los evasores, mucho más si pretenden ocupar un cargo público.