Elecciones. Alejandro Domínguez ocupaba el cargo interino en el organismo por Napout. Ayer en los sufragios fue respaldado.

La transparencia se opaca

Transparencia. Ese es el centro del debate. Los servidores públicos quieren protegerse con la Ley de Declaraciones Juradas para evitar que se escarbe en sus patrimonios. Eso creen en la oposición sobre este proyecto que se debe votar hoy. La claridad sobre las cuentas de los funcionarios está en plena discusión. Algunos creen que es información pública. Otros, en cambio, defienden que sea reservada. La Constitución dice que toda persona tiene derecho a la protección de datos de carácter personal. Esto incluye el acceso y decisión sobre información, así como su protección. También señala que su difusión requerirá la autorización del titular o el mandato de la ley. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información dice, en cambio, que la información pública pertenece a los ciudadanos. El Estado y las instituciones privadas son sus administradores y están obligados a garantizar el acceso a esos datos. Para el legislador oficialista Fausto Cayambe, no existe contradicción. “Hay que seguir el trámite para pedir la información. Eso está resguardado por la Contraloría. No es que con un clic se puede ver desplegados todos esos datos de los funcionarios”, dijo a EXPRESO. La propuesta de Ley de Declaraciones Juradas ‘camina’ en medio de estos principios constitucionales y legales. El proyecto, además, especifica que la información personal sobre los bienes de los servidores públicos estará bajo sigilo. Ellos podrán presentar su declaración juramentada en dos modalidades: en las notarías o vía web a la Contraloría. En la práctica, esto significa que no habrá más transparencia ni se publicarán esas declaraciones en Internet para que cualquiera pueda leerlas y comparar entre el antes y el después de la vida patrimonial de los funcionarios. Christian Viteri, asambleísta de PAIS, reconoció que ahora, con la ley vigente, “el público tiene acceso si lo hace vía notaría”, como publicó este Diario ayer. Para Gilmar Gutiérrez, de PSP, las declaraciones deben ser públicas. “Si alguien aspira a un cargo público y no quiere transparentar su patrimonio, que no se meta. Quieren garantizar la reserva por miedo”, sentenció.