Sin transparencia no hay democracia. Esa es la consigna principal por la que los municipios del país tienen el deber y la obligación de transparentar la información mes a mes sobre todo lo que realizan. Una práctica que no se ha hecho común, sacrificando el derecho del ciudadano a vigilar lo que hacen sus representantes, pese a que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que lo regula tiene 16 años de vigencia.

La información transparente y actualizada permite fiscalizar y conocer qué hacen y cómo invierten las alcaldías los recursos públicos. O sea, el dinero que todos los contribuyentes entregan en forma de impuestos. Durante esta pandemia, precisamente, muchos de los casos de corrupción se descubrieron gracias a que la sociedad civil pudo tener acceso a la información contractual de los municipios en tiempo real. Pero durante el año pasado esto no fue así.

Según un informe de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, por ejemplo, en 2019 solo el 22,17 % de las 221 alcaldías del país tuvo toda la información en su sección de Transparencia actualizada en su sitio web mes a mes, mientras que el 52,48 % de ellas no transparenta su información y archivos como manda la ley. El porcentaje restante de municipios lo hace a medias.

Las ciudades más grandes como Guayaquil, Quito y Cuenca son las que mejores registros llevan en cuanto a lo estipulado por la ley, pero no todas. Manta, Salinas o Esmeraldas tienen poco o nada de información colgada en sus portales webs. Otros cabildos tienen directamente su página web averiada.

“A nosotros nos parece terrible que haya hasta este momento municipios cuyas páginas webs no funcionan, otros que han borrado la página de la administración anterior y han creado nuevas de las administraciones que ingresaron en mayo de 2019. O incluso algunos GAD tienen dos páginas diferentes. Eso denota poca seriedad con el compromiso que se debería tener con la transparencia”, menciona a EXPRESO Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), institución que cada año monitorea el cumplimiento de esta ley que, si se cumpliera al 100 %, permitiría saber si las autoridades tienen incrementos patrimoniales no justificados, si se usan los recursos públicos con eficiencia, si se contrata a parientes o cercanos en las administraciones y, en resumen, si hay corrupción en la gestión.

En el caso de Manta hay meses del 2019 en los que no transparentó el resultado de sus auditorías internas, los sueldos de los funcionarios o, peor aún, los procesos de contrataciones públicas. Que esta información esté colgada solo en determinados meses impide que se puedan hacer comparaciones entre obras, precios o simplemente saber si hay cargos duplicados o si algún funcionario recibió un aumento de sueldo exorbitante. Ante la inconsistencia en la presentación de información, cabe la duda sobre la razón de la misma. La ciudad manabita tampoco tiene información sobre las actividades de los concejales o los temas que se van a tratar o ya se trataron en los concejos municipales.

Esos datos, por ejemplo, permiten en Guayaquil que los ciudadanos puedan asistir a cualquier concejo municipal en el que analicen temas que les interesen y que tengan la oportunidad de participar.

Una situación similar se detecta en Salinas, Zamora y en las islas Galápagos, pues en sus sitios webs no hay información transparente en todo el año. Otros, como Naranjito -que es el Municipio con peor registro de transparencia del país-, solo tienen información desde junio de 2019, es decir, desde cuando iniciaron las nuevas administraciones.

Según Alarcón, “la gran mayoría de municipios del país se quedan con información cortada en algún mes, no actualizan la página web e incluso mantienen los perfiles del alcalde y concejales anteriores. Eso es irresponsable”, precisa.

Pero lo más preocupante, asegura, es que hay municipios que suben información a discreción para aparentar el cumplimiento. Es decir, en el caso de las contrataciones, por ejemplo, solo determinados contratos. Y otros que catalogan mucha información pública como reservada.

Otro de los incumplimientos más preocupantes está relacionado a la ausencia de los planes de trabajo que los alcaldes o concejales prometieron en la campaña. Solo 19 de 221 municipios tienen información sobre estas ofertas, que son vitales para controlar si las autoridades están cumpliendo los compromisos por los que fueron elegidas.

Para Simón Jaramillo, subdirector de Participación Ciudadana, esta falta de rigor responde más a un problema de componente técnico, de capacitación a los funcionarios que deben difundir la información.

Jaramillo también cree que el incumplimiento se acentúa por la falta de control por parte de la Defensoría del Pueblo, ente encargado por la ley para velar por la transparencia pública, “La Defensoría no tiene la capacidad operativa para todos los meses monitorear. Y como no se les ha hecho control y no les han dado las herramientas, nos topamos con estas falencias”, precisa.

Alarcón coincide con Jaramillo y asegura que, sin duda, la falta de sanciones contribuye a que los municipios le resten importancia a este ejercicio de transparencia.

“Por muchos años la autoridad de cumplimiento no hizo lo que correspondía, o quizá no sancionó como correspondía a las instituciones por incumplir la ley”, menciona. “O quizá”, añade, “minimizan el hecho de que la mayoría de la población no se interesa por estos temas de transparencia”.

Christian Bahamonte, de la Defensoría del Pueblo, admite que tienen poca capacidad operativa para hacer control a las instituciones públicas, pero explica que la ley tampoco le da capacidad sancionatoria de oficio. “La Defensoría tiene competencia en caso de que un ciudadano nos solicite plantear una acción de acceso a la información y nosotros la patrocinamos. Y recibimos un informe anual de todos los entes obligados, lo consolidamos y enviamos a la Asamblea Nacional, porque la ley respecto a esto no nos da una facultad específica para sancionar el incumplimiento. El control es político y es la Asamblea la que tendría que sancionar”, acota.

Bahamonte también señala que ellos pueden sancionar con destitución si la autoridad ha incumplido un pedido de transparencia realizado por la Defensoría, solo si antes lo ha denunciado algún ciudadano.

La difusión por las redes sociales

El los últimos años, las redes sociales han tomado un gran protagonismo a tal punto que la mayoría de los municipios y alcaldes han encontrado allí un canal directo de comunicación con sus mandantes: anuncian nuevas obras, decisiones de última hora y, en algunos casos, responden a pedidos o críticas de la ciudadanía.

Durante la pandemia, las redes sociales jugaron un rol fundamental para la difusión de medidas y decisiones locales.

Según el informe de FCD, el 75 % de las alcaldías usan Facebook y Twitter; sin embargo, la actualización de información en redes es limitada en algunas alcaldías, como en Cañar, cuyas redes sociales no se actualizan desde febrero de 2019 en Twitter y abril de 2019 en Facebook.

Mientras que solo 22 de los 221 municipios no cuentan con redes sociales (Twitter y Facebook) para llegar a la ciudadanía con información más accesible, directa e instantánea. Otros 36 solo cuentan con una de ellas.

“Internet y las redes sociales quizás no eran el foco principal cuando se aprobó la ley hace 16 años, pero ahora lo son y ahora hay que tener muy en cuenta que hay municipios que utilizan mal las redes o que tienen hasta siete cuentas diferentes. Eso es totalmente fuera de lugar. Debería ser un canal de comunicación transparente con la ciudadanía”, sostiene Alarcón.

El director de la Fundación asegura que trabajan con la Defensoría del Pueblo en reformas ‘2.0’ para la actualización de la Lotaip o “la puesta en escena de una nueva Ley de Transparencia”.