Actualidad

Las pruebas que compró el Municipio de Quito acumulan críticas de varios frentes

La Contraloría evidenció indicios de responsabilidad penal. La academia duda de su efectividad

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Para el procesamiento de pruebas existe un grupo de 20 personas de la Secretaría de Salud que se han capacitado para hacer la toma de muestras PCR a través de la nariz hasta la faringe.Cortesía

Es un proceso que nació mal y que continúa generando preocupación en la capital. La adquisición de 100.000 pruebas PCR para la detección del coronavirus, que gestionó el exsecretario de Salud del Municipio, Lenin Mantilla, encendió alarmas en lo legal, técnico y hasta en lo sanitario. El último ente en certificar irregularidades en el proceso fue la Contraloría General del Estado. Su informe sobre la compra habla de indicios de responsabilidad penal en contra de los involucrados.

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También hay investigaciones del propio Municipio de Quito, de la Fiscalía General y hasta de universidades privadas que advierten la ineficacia de las pruebas que deberían ayudar a frenar la propagación de la pandemia en la ciudad y que costaron más de 3,7 millones de dólares.

Contraloría.

La Contraloría detectó una posible responsabilidad penal en la compra de pruebas porque, versa el informe aprobado, el entonces secretario de Salud no presentó un plan de contingencia que solicitó el alcalde Jorge Yunda para establecer las características de la necesidad. Tampoco se presentaron documentos que definan “objetivos, número de pruebas a aplicar y capacidad de procesamiento de los resultados”. Esas falencias, a más de ilegales, han impedido que la compra sea aprovechada en la medida que requiere la ciudad.

Hay más observaciones. La Secretaría de Salud no contó con un análisis técnico comparativo de los ítems y precios ofertados. Se compró sin velar por los intereses económicos de Quito.

Tampoco se ordenó la compra de reactivos para procesar las pruebas. Es decir, la operación fue incompleta y costosa. El presupuesto referencial, sin embargo, se estableció a partir de la oferta ganadora, que cotizó por 100 mil pruebas PCR y equipos de diagnóstico en calidad de comodato.

La documentación y resultados obtenidos pasarán a manos de la Fiscalía General del Estado que ya investiga la adjudicación por un posible sobreprecio.

Fiscalía.

El 27 de mayo, la Fiscalía General del Estado allanó las instalaciones de la Secretaría de Salud, del Municipio de Quito, el domicilio de Lenín Mantilla y la sede de la empresa proveedora de las pruebas. La Fiscalía, en conjunto con la Policía Nacional, cumplió con la medida para obtener información sobre el posible precio exagerado en la contratación. Ese proceso sigue en marcha.

Academia.

La Universidad de las Américas (UDLA) confirmó, con dos evaluaciones, que las pruebas adquiridas no son PCR y que su sensibilidad es baja y, por tanto, puede generar falsos negativos. El cuestionamiento fue debatido en el Concejo Metropolitano pero las pruebas siguen usándose.

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Municipio.

Las críticas a las pruebas, y sobre todo a su eficiencia, se han replicado entre varios concejales de la capital. Bernardo Abad, por ejemplo, pidió respuestas ante la pronta fecha de caducidad que tienen las muestras. Las nuevas autoridades de la Secretaría de Salud establecieron devoluciones y cambios.

El Municipio de Quito informó, a propósito del examen aprobado por la Contraloría General del Estado, que aún no es notificado de forma oficial. Una vez que eso ocurra, el Cabildo analizará “cualquier tipo de documento referente a la adquisición de pruebas para el diagnóstico de COVID-19”. Hasta que eso ocurra, el Municipio garantizó que está abierto a las acciones de control.

Conmebol reclama pago por $ 10 millones a compañía de Paco Casal

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Conmebol reclama pago por $ 10 millones a compañía de Paco Casal

El ente sudamericano reclama ese valor a Global Sports, empresa del uruguayo, por una deuda contraída tras un arbitraje hace dos años

Paco-Casal-Deuda-Conmebol
Paco Casal (de blanco), propietario de GolTV, empresa dueña de los derechos de transmisión de la LigaPro.Archivo

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) intimó a la compañía Global Sports, perteneciente al empresario uruguayo Francisco 'Paco' Casal, a pagarle una deuda de 10 millones de dólares, contraída tras un arbitraje hace dos años.

"La empresa de Francisco Paco Casal debe pagar 10.000.000 de dólares más intereses a la Conmebol por la venta de derechos comerciales de la Copa Sudamericana", expresó en un comunicado la organización matriz del fútbol regional.

"Pasaron ya más de dos años desde la confirmación del fallo del TAS por parte del Tribunal Federal Suizo que obliga a la empresa Global Sports Partners, dirigida por el empresario uruguayo Francisco 'Paco' Casal, a abonar la suma", subrayó Conmebol.

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Recordó que los alegatos de Global Sports Partners fueron desestimados en un proceso de arbitraje y que ya no quedan instancias de apelación.

En junio de 2015, la compañía en cuestión suscribió con la Conmebol un contrato de cesión de derechos de publicidad para la Copa Sudamericana de 2016 y 2017 con el compromiso de pagar cada año el monto demandado a cambio de la cesión de los derechos comerciales de sponsoreo.

En mayo de 2016, la empresa de Paco Casal resolvió rescindir el contrato alegando casos de corrupción que dieron inicio al caso conocido como FIFAgate.

Sin embargo, el contrato fue firmado varias semanas después de los hechos mencionados por Global Sports Partners, mientras que la decisión de cortar el vínculo se produjo casi un año más tarde, sostuvo Conmebol.

"Las altas mediciones de rating y la exitosa comercialización de la publicidad de la Copa Sudamericana de 2016 y 2017 desmienten de forma irrefutable el supuesto perjuicio expuesto como razón por la empresa del empresario uruguayo", agregó. 

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Paco Casal (de blanco), propietario de GolTV, empresa dueña de los derechos de transmisión de la LigaPro.Archivo

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) intimó a la compañía Global Sports, perteneciente al empresario uruguayo Francisco 'Paco' Casal, a pagarle una deuda de 10 millones de dólares, contraída tras un arbitraje hace dos años.

"La empresa de Francisco Paco Casal debe pagar 10.000.000 de dólares más intereses a la Conmebol por la venta de derechos comerciales de la Copa Sudamericana", expresó en un comunicado la organización matriz del fútbol regional.

"Pasaron ya más de dos años desde la confirmación del fallo del TAS por parte del Tribunal Federal Suizo que obliga a la empresa Global Sports Partners, dirigida por el empresario uruguayo Francisco 'Paco' Casal, a abonar la suma", subrayó Conmebol.

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Recordó que los alegatos de Global Sports Partners fueron desestimados en un proceso de arbitraje y que ya no quedan instancias de apelación.

En junio de 2015, la compañía en cuestión suscribió con la Conmebol un contrato de cesión de derechos de publicidad para la Copa Sudamericana de 2016 y 2017 con el compromiso de pagar cada año el monto demandado a cambio de la cesión de los derechos comerciales de sponsoreo.

En mayo de 2016, la empresa de Paco Casal resolvió rescindir el contrato alegando casos de corrupción que dieron inicio al caso conocido como FIFAgate.

Sin embargo, el contrato fue firmado varias semanas después de los hechos mencionados por Global Sports Partners, mientras que la decisión de cortar el vínculo se produjo casi un año más tarde, sostuvo Conmebol.

"Las altas mediciones de rating y la exitosa comercialización de la publicidad de la Copa Sudamericana de 2016 y 2017 desmienten de forma irrefutable el supuesto perjuicio expuesto como razón por la empresa del empresario uruguayo", agregó. 

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Paco Casal (de blanco), propietario de GolTV, empresa dueña de los derechos de transmisión de la LigaPro.Archivo

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) intimó a la compañía Global Sports, perteneciente al empresario uruguayo Francisco 'Paco' Casal, a pagarle una deuda de 10 millones de dólares, contraída tras un arbitraje hace dos años.

"La empresa de Francisco Paco Casal debe pagar 10.000.000 de dólares más intereses a la Conmebol por la venta de derechos comerciales de la Copa Sudamericana", expresó en un comunicado la organización matriz del fútbol regional.

"Pasaron ya más de dos años desde la confirmación del fallo del TAS por parte del Tribunal Federal Suizo que obliga a la empresa Global Sports Partners, dirigida por el empresario uruguayo Francisco 'Paco' Casal, a abonar la suma", subrayó Conmebol.

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En mayo de 2016, la empresa de Paco Casal resolvió rescindir el contrato alegando casos de corrupción que dieron inicio al caso conocido como FIFAgate.

Sin embargo, el contrato fue firmado varias semanas después de los hechos mencionados por Global Sports Partners, mientras que la decisión de cortar el vínculo se produjo casi un año más tarde, sostuvo Conmebol.

"Las altas mediciones de rating y la exitosa comercialización de la publicidad de la Copa Sudamericana de 2016 y 2017 desmienten de forma irrefutable el supuesto perjuicio expuesto como razón por la empresa del empresario uruguayo", agregó. 

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"Pasaron ya más de dos años desde la confirmación del fallo del TAS por parte del Tribunal Federal Suizo que obliga a la empresa Global Sports Partners, dirigida por el empresario uruguayo Francisco 'Paco' Casal, a abonar la suma", subrayó Conmebol.

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Recordó que los alegatos de Global Sports Partners fueron desestimados en un proceso de arbitraje y que ya no quedan instancias de apelación.

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En mayo de 2016, la empresa de Paco Casal resolvió rescindir el contrato alegando casos de corrupción que dieron inicio al caso conocido como FIFAgate.

Sin embargo, el contrato fue firmado varias semanas después de los hechos mencionados por Global Sports Partners, mientras que la decisión de cortar el vínculo se produjo casi un año más tarde, sostuvo Conmebol.

"Las altas mediciones de rating y la exitosa comercialización de la publicidad de la Copa Sudamericana de 2016 y 2017 desmienten de forma irrefutable el supuesto perjuicio expuesto como razón por la empresa del empresario uruguayo", agregó. 

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