Es un proceso que nació mal y que continúa generando preocupación en la capital. La adquisición de 100.000 pruebas PCR para la detección del coronavirus, que gestionó el exsecretario de Salud del Municipio, Lenin Mantilla, encendió alarmas en lo legal, técnico y hasta en lo sanitario. El último ente en certificar irregularidades en el proceso fue la Contraloría General del Estado. Su informe sobre la compra habla de indicios de responsabilidad penal en contra de los involucrados.

También hay investigaciones del propio Municipio de Quito, de la Fiscalía General y hasta de universidades privadas que advierten la ineficacia de las pruebas que deberían ayudar a frenar la propagación de la pandemia en la ciudad y que costaron más de 3,7 millones de dólares.

Contraloría.

La Contraloría detectó una posible responsabilidad penal en la compra de pruebas porque, versa el informe aprobado, el entonces secretario de Salud no presentó un plan de contingencia que solicitó el alcalde Jorge Yunda para establecer las características de la necesidad. Tampoco se presentaron documentos que definan “objetivos, número de pruebas a aplicar y capacidad de procesamiento de los resultados”. Esas falencias, a más de ilegales, han impedido que la compra sea aprovechada en la medida que requiere la ciudad.

Hay más observaciones. La Secretaría de Salud no contó con un análisis técnico comparativo de los ítems y precios ofertados. Se compró sin velar por los intereses económicos de Quito.

Tampoco se ordenó la compra de reactivos para procesar las pruebas. Es decir, la operación fue incompleta y costosa. El presupuesto referencial, sin embargo, se estableció a partir de la oferta ganadora, que cotizó por 100 mil pruebas PCR y equipos de diagnóstico en calidad de comodato.

La documentación y resultados obtenidos pasarán a manos de la Fiscalía General del Estado que ya investiga la adjudicación por un posible sobreprecio.

Fiscalía.

El 27 de mayo, la Fiscalía General del Estado allanó las instalaciones de la Secretaría de Salud, del Municipio de Quito, el domicilio de Lenín Mantilla y la sede de la empresa proveedora de las pruebas. La Fiscalía, en conjunto con la Policía Nacional, cumplió con la medida para obtener información sobre el posible precio exagerado en la contratación. Ese proceso sigue en marcha.

Academia.

La Universidad de las Américas (UDLA) confirmó, con dos evaluaciones, que las pruebas adquiridas no son PCR y que su sensibilidad es baja y, por tanto, puede generar falsos negativos. El cuestionamiento fue debatido en el Concejo Metropolitano pero las pruebas siguen usándose.

Municipio.

Las críticas a las pruebas, y sobre todo a su eficiencia, se han replicado entre varios concejales de la capital. Bernardo Abad, por ejemplo, pidió respuestas ante la pronta fecha de caducidad que tienen las muestras. Las nuevas autoridades de la Secretaría de Salud establecieron devoluciones y cambios.

El Municipio de Quito informó, a propósito del examen aprobado por la Contraloría General del Estado, que aún no es notificado de forma oficial. Una vez que eso ocurra, el Cabildo analizará “cualquier tipo de documento referente a la adquisición de pruebas para el diagnóstico de COVID-19”. Hasta que eso ocurra, el Municipio garantizó que está abierto a las acciones de control.