Transicion, endeudamiento, impunidad

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Transicion, endeudamiento, impunidad

Los casi diecinueve meses del actual gobierno han transcurrido dentro de situaciones a las que responde el título de este artículo, advirtiéndose una inmovilidad de las mismas. En consecuencia, existen pocas esperanzas de que el país supere o atenúe durante este régimen los graves problemas de desempleo, inseguridad, pobreza y falta de liquidez que lo aquejan.

Hay coincidencia en admitir que este es un periodo de transición hacia una recuperación de la democracia, afectada por el autoritarismo imperante en la década pasada con pretensiones de perennizarse; eso se lo valora y reconoce. Actualmente se disfruta de ese bien intangible que tanta lucha costó a la humanidad: vivir en libertad, gozar de la protección de garantías fundamentales consagradas en convenios internacionales, vivir sin el temor de abusos, atropellos, ofensas.

Es imperativo rescatar una administración de justicia imparcial, que sea ajena a presiones o represiones políticas.

Se cuestionan los pocos y lentos avances hechos en la reprogramación del alto endeudamiento que desfinancia el presupuesto estatal, lo cual limita la inversión pública; las instituciones del Estado no cuentan con recursos oportunos para atender gastos operativos, provocando una tardía o deficiente prestación de servicios públicos. En ese escenario se reducen las posibilidades de creación de nuevos empleos, tanto desde el sector público como del sector privado, alimentando la creencia equivocada de que en el anterior gobierno se hacían obras. Había dinero encubriendo el irresponsable endeudamiento y el alegre derroche que realmente caracterizó al régimen presidido por el Ec. Rafael Correa.

Igual preocupación existe por los escasos resultados en materia de sanción a los culpables de actos de corrupción. Se percibe desde la óptica ciudadana una recurrente e histórica impunidad, que favorece a quienes se enriquecen ilícitamente -que en el anterior gobierno lo hicieron en elevados montos y en todos los sectores de la administración pública-, sin que se observen acciones concretas encaminadas a recuperar el dinero público robado.