Hoy, a las 09:00, debía instalarse en la Corte Nacional de Justicia la audiencia preparatoria de juicio por presunta delincuencia organizada en el denominado caso Las Torres.

La diligencia había sido convocada el mes pasado por el juez Felipe Córdova. En esta la Fiscalía debía presentar su dictamen para los 15 sospechosos de integrar una posible estructura delincuencial dedicada al cobro y pago de coimas para el desvanecimiento de glosas y la liberación del pago de planillas para empresas contratistas de Petroecuador como NoLimit.

Sin embargo, la semana pasada el juez recibió varios pedidos solicitando el diferimiento de la diligencia. Entre los peticionarios están el exgerente de Petroecuador Pablo Flores y su madre Elsie Cueva. Ambos son parte de los 15 sospechosos del ilícito.

La justificación fue que “nuestro abogado de confianza se encuentra convocado a la misma hora a audiencia de apelación, dentro de la causa 17294-2020-0007”. Los procesados explicaron que para su patrocinador era imposible que pueda comparecer a la diligencia.

Pablo Encalada dice que lo que buscaba era que se instale en la tarde. También pidieron la postergación de la diligencia los abogados Pedro Bermeo y Juan Chiriboga, procuradores judiciales de Pablo Alerto Luna, gerente subrogante y representante legal de Petroecuador.

Ellos presentaron un escrito el 1 de septiembre a las 11:34 en el que piden “el diferimiento de la audiencia señalada para el día martes 7 de septiembre de 2021, a las 09:00, y se señale en un plazo congruente y razonable para el desarrollo de estas diligencias”.

A ellos se sumó, a las 16:35, el excontralor Pablo Celi de la Torre, que solicitó diferir la audiencia preparatoria de juicio “por cuanto hasta la presente fecha no se incorpora al expediente de la instrucción fiscal documentación solicitada dentro del plazo que duró la misma”. El juez trasladó el pedido a la Fiscalía por el término de 48 horas para un pronunciamiento.

El pasado 2 de septiembre, a las 12:19, el sospechoso Ángelo Rodríguez y su madre Silvia López también pidieron que la audiencia no se realice este martes. Ellos aseguraron al juez que dentro de la etapa de instrucción entre varias diligencias de descargo solicitadas a Fiscalía se solicitó una ampliación a la Asistencia Penal Internacional No. 464-2019. Afirmaron que el requerimiento fue atendido mediante impulso fiscal del 5 de agosto, pero que hasta la presente fecha no ha sido incorporado al expediente. También en este caso el juez dio 48 horas para una respuesta de la Fiscalía.

Rodríguez y López indicaron al juez que, de instalarse la audiencia se estaría vulnerando el derecho a la defensa porque aún no se incorpora en Fiscalía documentación importante que la pudiesen utilizar en la audiencia del caso.

Para no vulnerar el derecho a la defensa que el juez dijo debe ser garantizado en todo momento procesal, dejó sin efecto la convocatoria de hoy y reagendó la misma para el 21 de septiembre, a las 09:00, fijando inclusive el miércoles 22 y jueves 23 de septiembre la audiencia preparatoria. 

El juez anunció que primero se atenderá la solicitud de procedimiento abreviado de Esteban Celi y luego se instalará la evaluación y preparatoria de juicio. Adicionalmente, Pablo Celi requirió que se deje sin efecto la inmovilización de su cuenta en la que recibe su pensión jubilar y sueldos pendientes, por ser su único ingreso para la subsistencia de él y de su familia.

Defensores como Marcelo Ron y María Teresa Torres esperan que el 21 el juez actúe en derecho. Nicolás Salas insiste en que lo que espera para su cliente es “que se emita el sobreseimiento”. Afirma que Marco Flores no tiene nada que ver con el caso.

Sospechas

3 entidades vinculadas al ilícito

A mediados de abril la Fiscalía y la Policía hicieron allanamientos en Quito, Guayaquil y Samborondón.

Consecuencia de eso hubo cerca de una decena de detenidos. Entre ellos el excontralor Pablo Celi, su hermano Esteban, los hermanos José y Adolfo Agusto Briones.

Los cuatro hermanos recibieron cargos por posible delincuencia organizada y fueron encerrados en la cárcel 4 del norte de Quito. En ese lugar falleció José Agusto, exsecretario de la Presidencia.

La Fiscalía consideró que en la Secretaría de la Presidencia, la Contraloría y Petroecuador, sus principales autoridades fueron parte de una estructura delincuencial.

El detalle

Testimonios. Los defensores pidieron copias de cinco testimonios anticipados recibidos en agosto.