Terrenos agricolas con peligro de invasion
El Código Integral Penal establece pena privativa de 5 a 7 años a la persona que para obtener provecho propio o de terceros, promueva u organice la ocupación o asentamiento ilegal en terrenos ajenos.
El ingreso al sector conocido como Casas Viejas empieza con una calzada de terreno irregular producto del paso de camiones y volquetas por la industria allí asentada. Un cinturón de fincas recorre el camino desde el kilómetro 22 de la vía a la costa hacia la cordillera Chongón-Colonche.
En ese sector, por donde pasará el carretero hacia el nuevo aeropuerto Daular, internados en medio de la vegetación del bosque seco, hay evidencias de asentamientos humanos irregulares.
Unas covachas recientemente derrumbadas dan fe de que allí han intentado acomodarse, al menos, cuatro viviendas rústicas. “Lo hacen en terrenos privados”, dice Arnoldo Alencastro, vicepresidente de la Asociación de Productores Agropecuarios y Forestales Casas Viejas.
Alencastro es uno de los veinte firmantes que oficiarán una carta a la Presidencia de la República, al Ministerio del Interior y al comandante general de Policía, en la que muestran su preocupación por las invasiones que se realizan en sus terrenos.
En esa comuna, que fue liquidada en 1980, las invasiones tienen varios años, por lo que incluso un letrero alerta sobre la ilegalidad de vender o comprar tierras del Banco Central.
Precisamente, la Asociación a la que pertenece Alencastro registra cuatro focos de invasiones: un lote perteneciente señalado como Ab. Huacón, uno del banco central, otro conocido como el Dispensario del Banco Central y un cuarto perteneciente a la empresa Agriraca; ese último donde más invasores se ha detectado en los últimos meses, destaca Alencastro, quien considera que, de no actuar, el sector podría empezar a poblarse de manera desordenada de forma ilegal además de perjudicar a sus propietarios. Por ello han procedido a poner las denuncias al Municipio porteño, dice.
El director de Justicia y Vigilancia del Cabildo, Xavier Narváez, indica que el Municipio actúa por la denuncia de construcciones sin permisos, pero que no pueden desalojar a nadie, pues no es su competencia.
“Cuando recibimos la denuncia de que existen construcciones en un sector, acudimos, solicitamos los permisos y si no los tienen procedemos con la demolición. Si hay personas adentro no podemos hacerlo”, dice Narváez.
El funcionario acota que desde el año pasado han ejecutado estas acciones al menos diez veces.
Por su parte, la Secretaría Técnica de Asentamientos Humanos Irregulares asegura que semanalmente realiza operativos de control para evitar la invasión de los terrenos y, según su titular, Ricardo Nicolalde, esta dependencia ya ha asentado una denuncia en la Fiscalía por supuesto tráfico de tierras, lo que se encuentra en investigaciones.
En lo que va del año, dice Nicolalde, la Secretaría ha realizado un desalojo de unas veinte viviendas que se han levantado en terrenos privados.
Faltan redes de agua potable
La excomuna Casas Viejas está dividida en cooperativas de vivienda donde se asientan varias familias; Edi Gavilánez calcula unas 60 en el sector Bajo Verde.
A estas personas les falta agua potable por redes domiciliarias. Hay viviendas donde han instalado tuberías para colectar agua de lluvia.
Jenny Villao, habitante del lugar hace 31 años, asegura que compra agua de tanquero cada dos días. En cada ocasión debe pagar hasta 5 dólares para abastecerse del líquido.
EXPRESO consultó a la Empresa de Agua Potable por esta situación, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuestas.
