Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro de Hidrocarburos y exgerente de Petroecuador, sumó una tercera acusación en su contra. Esta vez la sospecha es que está inmerso en supuesto delito de lavado de activos.

La presunción llevó al asambleísta oficialista Christian Viteri a presentar una denuncia en la Fiscalía. Él cree que en el caso de supuesta corrupción en Petroecuador, además de cohecho y enriquecimiento ilícito, también hubo lavado.

Él quiere que se siga la ruta del dinero depositado en las cuentas internacionales de exfuncionarios de la estatal. Son 52 cuentas. Ocho de exfuncionarios que ya están sindicados y 44 de contratistas de la petrolera estatal.

Para verificar esas cifras, la Fiscalía debería solicitar asistencia penal internacional. Solo así, explicó, se podrá comprobar si existen o no otros implicados en la red de corrupción descubierta en Petroecuador.

¿Dónde está el dinero? Son 14 cuentas en Panamá, siete en Suiza, 23 en Estados Unidos, dos en Canadá, una en China, otra en Alemania, tres en Bahamas y una en Islas Caimán.

El razonamiento del legislador es que si existen 15 millones de dólares pagados en comisiones por contratistas, deben existir otros funcionarios involucrados. Concluye que, además de los tres delitos también podría existir peculado.

Los señalados son Pareja, Álex Bravo, Arturo Escobar y Marco Calvopiña. El asambleísta recordó en su denuncia que el exministro ejerció el cargo entre noviembre de 2015 y el 29 de abril de 2016, fecha en la que aún mantenía vigente la compañía Capaya.

Según él, esa empresa fue constituida para “dar un aparente estado de legalidad al manejo de dineros provenientes de las coimas, lo que constituye lavado de activos”. Pareja habría mantenido abierta la cuenta del Capital Bank, hasta el 29 de abril, con un saldo de 174.266,49 dólares.

Según el asambleísta, al momento del cierre de la cuenta, él era ministro y mantenía la vida jurídica de Capaya.

Ahora depende de la Fiscalía, si une la acusación de lavado al expediente de Pareja que ha visto complicada su situación jurídica en cuestión de dos meses.

En el caso del enriquecimiento ilícito, la investigación previa del caso inició el 20 de octubre con el informe sobre los Papeles de Panamá que la Asamblea remitió a la Fiscalía.

El 28 de octubre, se sumó al proceso el informe a las declaraciones patrimoniales del prófugo de la justicia elaborado por la Contraloría en el que se determina responsabilidad penal.

El documento analiza las declaraciones presentadas por Pareja entre febrero de 2014 y mayo de 2016. Establece que Pareja no incluyó cuentas bancarias y tarjetas de crédito en nombre de su esposa y propiedades por 928.660 dólares.

Según Viteri, fue en el informe de la Asamblea en el que apareció una casa que el exfuncionario no había declarado. Ese inmueble y las cuentas no constaban en los informes que hizo la Contraloría a las declaraciones de bienes del exfuncionario en 2013 y 2014.

Además de Pareja, la Fiscalía investiga la apertura de cuentas en paraísos fiscales de familiares: una hermana y un hijo.